Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) han llegado a un acuerdo para aprobar la llamada en España “tasa Google”, el “impuesto digital” que obliga a las grandes compañías tecnológicas que operan digitalmente a pagar parte de sus ingresos en los países que tiene actividad aunque no tenga presencia física en ellos.

Bruno Le Maire, Ministro de Finanzas de Francia, ha anunciado los detalles de esta nueva ley que gravaría las operaciones digitales de los llamados "gigantes tecnológicos", como Google, Amazon, Facebook, Netflix o Apple, por los ingresos obtenidos en un país, incluso si sus sedes empresariales están en otro Estado.

Esta tasa fue denunciada por EEUU como "discriminatoria", ya que afecta principalmente a las 5 grandes empresas globales estadounidenses antes mencionadas.

El pacto establece que debe haber un mínimo nivel de pago de impuestos en cada país, con lo que se busca evitar que un estado, al establecer menos impuestos, sea un destino atractivo para las grandes multinacionales digitales. La cuantía de este "impuesto mínimo" no se ha cerrado en este encuentro y será establecido con posterioridad.

Según Le Maire, el objetivo de este nuevo "impuesto digital" es acabar con la agresiva competencia fiscal entre países, y así evitar que ciertas empresas se beneficien de ello y encuentren formas de no pagar impuestos.

Esta medida se toma después de que Francia aprobara un impuesto del 3% a las grandes tecnológicas, lo que ha provocado el enfado de Estados Unidos y una investigación, que derivó en la amenaza de imponer nuevos aranceles a los productos franceses. Estas mismas amenazas se han producido contra España ante la futura imposición de la “tasa Google” que propone el Gobierno en funciones del socialista de Pedro Sánchez.

Le Maire ha aseverado que Francia mantendrá su impuesto hasta que el nuevo impuesto digital acordado internacionalmente lo reemplace, lo cual ocurrirá en 2020 aproximadamente, cuando en la próxima reunión del G20 se busque un acuerdo internacional que sería supervisado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

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