FPS, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, que depende la antigua Consejería de Salud, contrató a cien personas como asesores técnicos. Les pagó todos los meses sus sueldos, así como las dietas, autorizó sus permisos, bajas y vacaciones, pero eran trabajadores fantasmas ya que todo era mentira.

Según detalla ABC, tras firmar el contrato temporal por obra o servicios, no volvían a ir a la sede de la fundación supuestamente dedicada a la investigación biomédica.

Estuvieron en verdad durante diez años entre la plantilla del SAS, Servicio Andaluz de Salud, usando sus medios y formando parte del equipo técnico.

Estos empleados fantasmagóricos estuvieron bajo las órdenes de la Agencia de la Junta de Andalucía consiguiendo incluso claves de acceso a la plataforma Diraya y un correo corporativo.
El sistema Diraya contiene el historial clínico de todos los pacientes de Andalucía.

El diario explica que esta trampa ha recibido un centenar de sentencias judiciales que condenan a la Junta, a la fundación fantasmal y a varias sociedades interpuestas, por la cesión ilegal de trabajadores y les obliga a reincorporarlos en su puesto de trabajo con la condición de empleados indefinidos no fijos.

La actual Dirección General de Profesionales del SAS ha encontrado a estos trabajadores fantasmas en una de las numerosas entidades que forman parte de la administración paralela andaluza creada por la organización autodenominada PSOE-A de Susana Díaz.

Más de cuarenta de estos empleados fantasmas asesoraban a fumadores para que dejaran su adicción a pesar de que este no era el fin de la fundación.

La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, era entonces la consejera de Sanidad de Susana Díaz cuando comenzó esta iniciativa.

El Plan Integral de Tabaquismo se estableció para el quinquenio 2005-2010 pero hasta diciembre de 2012, el SAS y otras siete fundaciones, entre las cuales estaba FPS, no firmaron convenio alguno de colaboración para regular las relaciones entre la agencia y las fundaciones dependientes de la Consejería.

El Supremo ha confirmado el centenar de sentencias del TSJA, Tribunal Superior del Justicia de Andalucía, dictadas entre 2017 y 2018. Los magistrados dan la razón parcialmente a los demandantes, declaran la existencia de cesión ilegal de empleados y condenan también al SAS al pago de las costas procesales.

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