¿Qué es y quién puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad?

Eladio Tamayo Fonseca - 3 de febrero de 2020

De la misma forma que una empresa puede atravesar delicados momentos económicos que le lleven a endeudarse, se trata de una situación por la que también pueden pasar particulares y autónomos, cuyos problemas están más alejados del foco mediático. Cuando una empresa no puede hacer frente a sus deudas, puede recurrir a la Ley Concursal, una herramienta pensada para reestructurar el total de la deuda y mantener a la entidad a flote, pero, ¿qué ocurre en el caso de autónomos o particulares?

Para ellos existe la Ley de Segunda Oportunidad. Básicamente, su objetivo es el mismo que el preconcurso o concurso de acreedores: permitir a las personas físicas la posibilidad de superar una fase económica difícil tratando de alzanzar un acuerdo con los acreedores que les facilite también a ellos ver satisfechos los compromisos adquiridos con anterioridad. Es, en esencia, una ley que pretende evitar graves consecuencias a autónomos o particulares ahogados por las deudas.

Al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, la persona física tiene la oportunidad de negociar con los acreedores una reestructuración de su deuda y, en caso de no lograr un acuerdo, que un juez le exonere total o parcialmente de sus deudas.

Esta Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta a medida de las personas físicas, aunque estas también pueden acudir al concurso de acreedores.

¿Qué requisitos deben darse para acudir a la Ley de Segunda Oportunidad?

Esta Ley cumple una función social y económica, puesto que su meta es ayudar al individuo a superar una situación económica de difícil solución. Sin embargo, la persona física debe cumplir ciertos requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Para empezar, el particular o autónomo implicado debe garantizar que las dificultades económicas no son fruto de un concurso culpable ni haber sido condenado previamente por delitos de índole económica o de tipo social. En este sentido, también tiene la obligación de acreditar que actúa de buena fe, que demuestre que previamente ha intentado solucionar el problema por otras vías y que realmente necesita superar ese conflicto económico pero no ha sido capaz por sus propios medios.

Como última condición indispensable para acogerse a esta ley, la deuda del solicitante no podrá superar los cinco millones de euros. Es la cantidad límite por la que un autónomo o particular puede acudir a esta herramienta para renegociar sus compromisos.

Hasta el pasado verano había ciertas deudas que quedaban fuera de esta ley, en particular aquellas contraídas con la Administración Pública (fundamentalmente Hacienda y la Seguridad Social). Pero desde una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en julio de 2019 permitió desde ese momento que también las deudas con Hacienda y la Seguridad Social puedan ser eliminadas.

¿Qué proceso sigue la Ley de Segunda Oportunidad?

Hablar de la Ley de Segunda Oportunidad es hablar sobre una herramienta que permite a personas físicas ahogadas por las deudas volver a la casilla de salida para superar un contexto económico difícil y seguir en marcha. Sin embargo, el particular deberá tener siempre presente que, tras acogerse a esta ley, deberá empezar desde cero puesto que para cumplir con esta ley deberá emplear todo su patrimonio disponible para satisfacer la mayor parte posible de sus deudas.

Y hay que tener presente que en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores, será un juez el que determine qué ocurre con la deuda restante, pudiendo en algunos casos optar por exonerar del pago del 100% de las mismas, si bien esto no es lo más frecuente.

En este punto es importante contar con asistencia jurídica especializada, puesto que los conocimientos y experiencia de un abogado especialista en Ley de Segunda Oportunidad ayudarán a lograr mejores condiciones al deudor y aumentar sus opciones de eliminar la mayor parte posible de sus deudas.

En conclusión, con la Ley de la Segunda Oportunidad contamos con un mecanismo que trata de salvaguardar y hacer valer los derechos de todas las partes implicadas en una compleja situación. Por un lado, una persona física insolvente que necesita una solución para no caer en un contexto legal todavía más perjudicial; y por el otro, unos acreedores que deben dar el paso para negociar y negociar nuevas condiciones para ver satisfechos los compromisos adquiridos.

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