Redacción - 13 de octubre de 2020
Francisco Javier Guerrero Benítez, uno de los principales imputados en el caso ERE, ha fallecido de forma repentina.
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta desde el año 1999 hasta el 2008 murió el domingo en torno a las 9:00 horas en su casa de Sevilla.
Guerrero comenzó a sentirse mal de madrugada despertando con un insoportable dolor en el pecho y falta de aire. Logró ducharse y desayunar pero cuando los sanitarios llegaron a su vivienda no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Según detalla a ABC su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco, su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla para practicarle una autopsia.
Todo apunta a un infarto como la causa de su muerte a falta de conocer los resultados.
Francisco Javier Guerrero tenía 63 años y llevaba diez meses jubilado de su puesto de funcionario autonómico que mantenía.
Su nombre empezó a ser famoso hace diez años cuando empezó a tirar de la manta del multimillonario fraude. Guerrero declaró ante la Policía Judicial el 21 de diciembre de 2010, en el marco de las investigaciones sobre el caso Mercasevilla que el programa 31-L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía funcionaba como “un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar”.
Como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, estuvo bajo las órdenes de tres consejeros, dos de los cuales, y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados aunque Griñán no ha entrado aún en la cárcel.
Guerrero tuvo a su disposición, por decisión de sus superiores, un fondo de 567 millones de euros para repartir, sin ningún tipo de control ni límite presupuestario, a empresas tocadas por la “varita mágica” de la Junta de la organización PSOE-A.
El 19 de noviembre de 2019 se publicó la sentencia que condenaba a 19 ex peces gordos de la Junta por la «palmaria ilegalidad» del sistema de ayudas. Guerrero se enfrentaba a 7 años y 11 meses de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos. La sentencia fue recurrida por su abogado al Supremo que, tras su defunción, no se pronunciará sobre su caso.
Juan Francisco Trujillo, su antiguo chófer, declaró en 2012 que tenían 20.000 euros al mes de las subvenciones que le había dado a sus empresas ficticias y que sirvieron para “comprar cocaína para su jefe y para él”.
Guerrero aún tenía pendientes dos juicios por las subvenciones a la empresa Acyco y por las que concedió al propio Trujillo.
