El dueño de un perro que se escapó y fue atropellado en una carretera ha sido condenado a pagar 1.992 euros por el juzgado número 2 de Lora del Río.

Esa multa corresponde a los gastos de veterinario que pagaron dos asociaciones protectoras de animales mientras que el dueño pretendía recuperar su mascota pero sin pagar la factura.

El tribunal considera acreditado que el perro se escapó de su dueño en enero de 2015 y el día 31 de ese mes sufrió un atropello tras el cual fue mordido por otros perros y apareció en una cuneta de la carretera que une Brenes con Villaverde del Río.

La sentencia detalla que allí fue recogido por miembros de la asociación Animalius, que abonó los más de dos meses que el animal estuvo ingresado en una clínica y recibió atención veterinaria.

Como consecuencia del atropello, según el juzgado, hubo una migración del microchip que identifica al perro, el cual se movió del lugar obligatorio en el cuello, por lo que en un primer momento no pudo ser detectado y se desconocía que el animal tuviese dueño.

Sin embargo, desde la primavera de 2016, las asociaciones protectoras Animalius y La Sonrisa Animal (LASA), contactaron con el dueño Diego M.L., y le comunicaron que su perro seguía vivo y le detallaron la clínica veterinaria que le había tratado, por lo que él mismo fue allí unas cinco veces y habló con uno de los veterinarios, pero se negó a pagar la factura.

Según declara a Diario de Sevilla el presidente de Animalius, Rafael González Bermejo, esta sentencia es importante porque “el abandono no puede salir gratuito”.

A su vez, Diego M.L., pidió la suspensión del procedimiento alegando prejudicialidad penal, ya que había interpuesto una denuncia por delito de estafa procesal, al entender que el convenio de colaboración entre LASA y Animalius de agosto de 2015 “pudo ser confeccionado expresamente para dar cobertura a la demanda”.

La sentencia prueba la autenticidad del convenio según el cual Animalius ofrece ayuda legal en la realización de trámites jurídicos y LASA se encarga de la recogida de animales abandonados o maltratados.

Por otra parte, la juez señala que los 1.992 euros se corresponden con los costes ocasionados desde el atropello, la atención veterinaria y otro ingreso posterior en 2018 debido a complicaciones que surgieron tras un implante metálico que colocaron al perro.

Estos 1.992 euros, según la sentencia, “no es una cifra desorbitada o desproporcionada que tanta desconfianza ha generado en el demandado”, remarca la magistrada, y recuerda que en ella solo se pide el tratamiento veterinario derivado del atropello “y no la alimentación, mantenimiento o tratamientos posteriores”.