Digital Sevilla
12 de noviembre de 2024
Los funcionarios garantizan que la ciudadanía pueda acceder a la justicia. La función pública, especialmente en el ámbito de la justicia, requiere una conducta impecable, una profesionalidad sólida y un compromiso claro con el servicio al ciudadano. Sin embargo, esto no siempre se cumple, lo que puede afectar tanto la percepción de los ciudadanos sobre la justicia como al desarrollo de los procesos judiciales. La mala praxis en el funcionariado de justicia es un problema que afecta a la eficiencia del sistema judicial y erosiona la confianza pública en las instituciones.
La transparencia, la integridad, la responsabilidad y la eficacia son algunos de los principios esenciales que deben regir su trabajo. Cada funcionario debe tener presente que su papel no es solo administrativo, sino que implica la gestión de asuntos que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas. Por lo tanto, se espera de ellos una actitud de respeto y compromiso hacia el ciudadano, así como una comunicación clara y profesional.
El cumplimiento de los plazos y la precisión en la tramitación de expedientes son también componentes esenciales de un buen comportamiento en el ámbito de la justicia. Las demoras injustificadas no solo afectan a las partes involucradas, sino que generan una acumulación de casos que puede hacer colapsar el sistema. Los funcionarios deben estar comprometidos con la celeridad en sus funciones, evitando las dilaciones innecesarias que no aportan ningún beneficio y solo contribuyen a generar una percepción de ineficiencia y desinterés.
Asimismo, el trato con los ciudadanos y los profesionales del derecho (abogados, procuradores, peritos, entre otros) debe ser siempre cortés y profesional. En muchas ocasiones, el funcionario es el primer contacto que una persona tiene con el sistema de justicia, por lo que su actitud y trato pueden influir notablemente en la percepción del ciudadano sobre la institución. La paciencia, la empatía y la disposición a brindar la información necesaria sin tecnicismos son elementos básicos en la interacción con el público.
A pesar de las buenas prácticas que se esperan en la función pública de justicia, la realidad en ocasiones está lejos de ser ideal.
Retrasos y burocratización excesiva
Uno de los problemas más comunes en el sistema judicial es la lentitud en la tramitación de los procedimientos. Aunque que considerar la sobrecarga de trabajo, existen ocasiones en las que la falta de organización e ineficiencia en la gestión de los expedientes agrava los problemas. En ciertos casos, el personal judicial tarda semanas o meses en procesar documentos que deberían gestionarse en días, y esto genera frustración en las partes implicadas y alarga el proceso judicial. Además, el uso excesivo de trámites burocráticos muchas veces es empleado como excusa para justificar demoras.
Esto afecta al sistema judicial y perjudica a los ciudadanos, porque sus casos se paralizan, a veces sin justificación.
Es responsabilidad de los funcionarios mejorar su gestión y optimizar los procesos, y tener una actitud proactiva y un compromiso con la celeridad en el desempeño de sus funciones.
Falta de empatía y trato inadecuado con el ciudadano
La empatía es un valor esencial en el trato con el ciudadano, especialmente cuando se trata de personas que pueden encontrarse en situaciones delicadas, como víctimas de delitos o familiares de personas afectadas por un procedimiento judicial. Sin embargo, en ocasiones se observan comportamientos fríos, indiferentes o incluso despectivos por parte de ciertos funcionarios. Este trato hacia el ciudadano es inaceptable y compromete la percepción de justicia y la confianza en el sistema.
La falta de empatía deriva en una comunicación deficiente, y el ciudadano no recibe la información que necesita de manera clara y accesible. Muchas veces, los funcionarios utilizan un lenguaje excesivamente técnico que no es comprensible para personas sin formación jurídica, y esto crea una barrera y dificulta el entendimiento del proceso judicial.
Es imprescindible que el funcionariado sea capaz de explicar de forma sencilla y comprensible las cuestiones básicas que el ciudadano necesita conocer, mostrando empatía y respeto en todo momento.
Falta de responsabilidad y rendición de cuentas
En la administración de justicia, la responsabilidad y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento ético y eficiente del sistema. A pesar de ello, hay situaciones en las que la falta de responsabilidad por parte de los funcionarios resulta evidente.
Algunos ejemplos de esta mala praxis son la pérdida de documentos, el extravío de pruebas, o la falta de seguimiento en asuntos pendientes. Además de ser una clara negligencia, muestran una falta de compromiso con los valores de responsabilidad y diligencia que tanto deberían caracterizar el trabajo en el ámbito judicial.
Los ciudadanos que confían en el sistema judicial para la resolución de sus problemas esperan que sus expedientes sean tratados con el máximo respeto y atención. Por ello, los funcionarios tienen la obligación de preservar la integridad de los documentos y de garantizar que no se produzcan errores que puedan afectar el resultado de los casos. Además, es fundamental que asuman la responsabilidad en caso de que ocurra algún error, informando a las partes afectadas y tomando las medidas necesarias para resolver el problema de forma diligente.
Uso inadecuado de recursos y espacios de trabajo
Otro aspecto preocupante de la mala praxis en el funcionariado de justicia es el uso inadecuado de los recursos públicos. En algunos casos, se observan situaciones en las que los funcionarios utilizan de manera incorrecta los recursos asignados, como materiales de oficina, equipos o incluso el tiempo de trabajo. Este tipo de prácticas implica un uso irresponsable de los bienes públicos y refleja una falta de respeto hacia la institución y hacia el propio ciudadano.
La correcta gestión de los recursos públicos es una responsabilidad que debe tomarse en serio, ya que cualquier mal uso o abuso afecta la eficiencia del sistema y supone un coste innecesario para el Estado. Los funcionarios deben actuar siempre con integridad y respeto hacia los recursos que se les han confiado, utilizando estos de forma responsable y transparente.
Desde SG Legal Consulting entienden la importancia de un sistema judicial justo y eficiente, y, por ello, se expone algunas propuestas para mejorar el comportamiento de los funcionarios en el sistema de justicia. Es fundamental implementar medidas que promuevan una mayor responsabilidad y profesionalidad en este ámbito.
Algunas de las ideas sugeridas son las siguientes:
La formación constante en temas de ética y atención al público es fundamental para que los funcionarios mantengan una actitud profesional y empática en su trabajo. Cursos y talleres sobre habilidades de comunicación, trato con el ciudadano y responsabilidad en el desempeño de funciones pueden ser de gran ayuda para mejorar el servicio.
Promover la transparencia en la gestión de recursos y en las decisiones administrativas permite que se comprendan mejor cómo se utiliza el presupuesto y las prioridades de la administración. Esto mejoraría la confianza del personal en la institución y facilitaría un uso más consciente y responsable de los recursos públicos.
Evaluar periódica y exhaustivamente cada cierto tiempo la eficiencia y responsabilidad de los funcionarios es esencial. Además, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas permitirá identificar posibles malas prácticas y tomar las medidas correctivas necesarias.
Implementar un sistema de incentivos para los funcionarios que demuestren un desempeño ejemplar es una forma de motivar e incentivar el buen trabajo. Por otro lado, también es importante establecer sanciones claras para aquellos casos de mala praxis que se detecten, con el fin de evitar que las conductas negligentes se repitan.
Implementar sistemas digitales que permitan el seguimiento de expedientes y la gestión digital de documentos puede reducir los tiempos de tramitación y minimizar el riesgo de extravío de documentos. Así pues, también sería interesante implementar una formación en la tramitación de expedientes y sus tiempos, y asegurarse de que estos se cumplan basándose en lo estudiado en dichos cursos, con el fin de agilizar el sistema.
El fortalecimiento de los valores de compromiso y respeto hacia el ciudadano puede lograrse a través de campañas de concienciación y actividades que refuercen la importancia de su papel en el sistema de justicia.
La formación en habilidades para la resolución de conflictos y en gestión de problemas ayuda a los funcionarios a manejar situaciones difíciles y resolver incidencias de forma más rápida y efectiva. Esto puede mejorar la capacidad de los funcionarios para atender mejor al ciudadano, incluso en circunstancias tensas o con quejas.
A la luz de estas propuestas, queda claro que el sistema judicial necesita un cambio estructural que aborde las carencias de responsabilidad y eficiencia en el funcionariado.
Sin embargo, se ofrece una solución concreta y efectiva, la cual sería implantar un sistema de evaluación y seguimiento riguroso, donde los funcionarios rindan cuentas de forma periódica del desempeño y reciban formación continua en sus correspondientes áreas de mejora.
Este compromiso, basado en la supervisión y el desarrollo profesional, es esencial para una justicia más ágil y fiable.
