
14 de julio de 2025
En los últimos años, el gobierno español ha desarrollado dos leyes clave para transformar el panorama fiscal y económico: la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Aunque ambas están relacionadas con la digitalización de procesos empresariales y tocan de cerca la Factura Electrónica, cada una tiene objetivos y aplicaciones distintas. A continuación, Ediversa Group, proveedor global de servicios para el intercambio y la gestión documental, cuenta en detalle qué busca cada Ley y cómo afectan a empresas y profesionales.
El impulsor de la Ley Antifraude es el Ministerio de Hacienda, que establece nuevos criterios para evitar la elusión fiscal y modifica diversas normas reguladas por la administración tributaria.
Mientras que la Ley Crea y Crece es impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y nace en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de facilitar la creación y el crecimiento de las empresas.
El objetivo principal de la Ley Antifraude es claro: combatir el fraude fiscal y promover la digitalización, la cual permite controlar en tiempo real la facturación empresarial.
Por otro lado, la Ley Crea y Crece pretende impulsar la digitalización de la economía y modernizar el tejido empresarial y para ello establece cuatro objetivos principales: facilitar la creación de empresas, favorecer el crecimiento y la expansión de las PYMES, reforzar la financiación de las empresas y luchar por la erradicación de la morosidad. Para hacer frente a esta última, toma como medida estrella la implementación de la Factura Electrónica.
La Ley Antifraude establece la obligatoriedad de usar Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) certificados con declaración responsable, que deben estar conectados con la Agencia Tributaria (AEAT) y permitir la presentación de información en tiempo real. Establece la inclusión de hash en cada registro de factura y la incorporación de código QR en todas las facturas.
La Ley Crea y Crece estipula la implementación obligatoria de la Factura Electrónica para todos los autónomos y empresas del país en sus relaciones comerciales, mejorando así la trazabilidad de los pagos y el control de plazos.
La Ley Antifraude se ejerce a través del sistema Verifactu o sistemas de emisión de facturas verificables. Estos deben impedir la manipulación de datos contables y asegurar el rastreo de las operaciones. Su objetivo es garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.
En cuanto a Crea y Crece se desempeña mediante la interconexión entre todas las plataformas y proveedores de Factura Electrónica, fomentando un ecosistema digital homogéneo y transparente.
Las fechas establecidas para el cumplimiento de la Ley Antifraude y el uso del sistema Verifactu o sistemas de facturación verificables son las siguientes:
-1 de enero de 2026 para personas jurídicas (empresas)
-1 de julio de 2026 para personas físicas (autónomos)
Por otro lado, aún se está pendiente de la publicación del Reglamento Técnico definitivo de la Ley Crea y Crece, que establecerá cuándo se inician los plazos de implementación y las condiciones concretas de aplicación.
La Ley Antifraude afecta a todos los fabricantes de software de facturación, ya que para cumplir con la ley deberán contar con una declaración de responsabilidad en sus SIF. Las empresas y profesionales en todo el territorio español están, a su vez, obligados a cumplir con la Ley y contar con uno de estos sistemas a la hora de emitir facturas, exceptuando a aquellos acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII). En cuanto a la Ley Crea y Crece, afecta a todas las empresas y profesionales con sede en España, sin importar su tamaño o sector.
Estas dos leyes representan un cambio profundo en la manera en que las empresas gestionan sus procesos de facturación y relaciones comerciales. Ediversa Group, como experto en soluciones de Factura Electrónica con más de veinte años de experiencia, recomienda que, tanto autónomos como pymes y grandes empresas, comiencen a prepararse cuanto antes y se adapten a las nuevas normativas con margen.
La digitalización ya no es una opción, es una obligación legal que llegará en breve y que promete una mayor transparencia, eficiencia y competitividad en el tejido empresarial español.