Digital Sevilla
16 de septiembre de 2025
La implantación de la factura electrónica obligatoria en España a partir de 2026 marcará un antes y un después en la gestión empresarial y en la relación con la Administración. El nuevo sistema afectará tanto a grandes compañías como a pymes y autónomos, que deberán adaptar sus procesos internos a un formato digital único. El objetivo es avanzar hacia una mayor transparencia fiscal, reducir la economía sumergida y facilitar el control de operaciones económicas en tiempo real.
La normativa, enmarcada en la Ley Crea y Crece, establece un calendario progresivo de implantación según el tamaño de la empresa. En una primera fase, las compañías con facturación superior a los 8 millones de euros estarán obligadas a emitir y recibir facturas electrónicas. Posteriormente, la medida se extenderá a todo el tejido empresarial, incluidas micropymes y autónomos, lo que supone un cambio estructural en la forma de documentar las operaciones comerciales en España.
Desde el punto de vista jurídico, la obligación no se limita a un aspecto tecnológico. La factura electrónica incorpora requisitos específicos en materia de validez legal, conservación y trazabilidad, que exigen un cumplimiento riguroso por parte de los emisores. El incumplimiento podría acarrear sanciones económicas y limitar la deducción de impuestos. Por esta razón, especialistas como Gutierrez Pujadas & Partners subrayan la necesidad de que las empresas planifiquen con antelación su transición al nuevo sistema, evitando improvisaciones de última hora.
En términos económicos, la digitalización de la facturación permitirá reducir costes administrativos y agilizar procesos contables. Además, se espera un impacto positivo en la lucha contra el fraude fiscal, ya que la Administración Tributaria tendrá acceso más inmediato y detallado a la información de las operaciones. Para los autónomos y pequeñas empresas, el reto estará en asumir la inversión inicial en herramientas digitales, aunque a medio plazo el sistema reducirá cargas burocráticas y favorecerá la competitividad.
Las obligaciones no terminan con la emisión del documento. La normativa prevé que las facturas electrónicas deberán almacenarse en condiciones que garanticen su autenticidad e integridad durante el periodo legal de conservación. También será obligatorio el uso de plataformas compatibles que aseguren la interconexión entre emisores y receptores, lo que añade un componente técnico que muchas empresas aún no tienen implementado.
Ante este escenario, los despachos especializados aconsejan revisar los sistemas contables y de gestión antes de la entrada en vigor de la medida. En esta línea, gpasoc destaca que anticiparse es fundamental: un diagnóstico temprano de los procesos internos permitirá identificar carencias y seleccionar las soluciones más adecuadas para cada tipo de negocio. Más allá de la obligación normativa, la factura electrónica puede convertirse en una oportunidad para modernizar la gestión empresarial y ganar eficiencia.
En conclusión, 2026 será un año decisivo para la digitalización de la economía española. Aquellas empresas que no se preparen a tiempo podrían enfrentarse a importantes dificultades operativas y sanciones. Contar con un servicio de asesoramiento fiscal y contable nacional e internacional resulta esencial para adaptarse con seguridad a la factura electrónica y transformar esta obligación en una ventaja competitiva.
