Digital Sevilla
4 de noviembre de 2025
El reciente apagón del 28 de abril de 2025, que paralizó la actividad en toda la península ibérica, ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la resiliencia del sistema eléctrico. La respuesta institucional ha llegado con el Decreto ley 22/2025 (DOGC 9531, 30/10/2025), que introduce un marco jurídico específico para acelerar el despliegue de soluciones vinculadas a la ingeniería sostenible, con especial atención al almacenamiento energético, las renovables y las comunidades energéticas.
Según explica Xavier Palacios, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector energético, este decreto supone una hoja de ruta clara para el desarrollo técnico y operativo de proyectos que hasta ahora sufrían una importante inseguridad normativa.
El nuevo marco normativo se estructura en cinco líneas clave. En primer lugar, se establece una regulación detallada para las baterías de almacenamiento, declaradas de utilidad pública, con 134 proyectos actualmente en tramitación. En segundo lugar, se simplifican los procedimientos para instalaciones de entre 100 y 500 kW, eliminando requisitos previos y acelerando su conexión.
Un tercer eje regula la implantación de plantas solares en suelo de regadío, con criterios que limitan su uso generalizado pero permiten excepciones para proyectos agrovoltaicos o de autoconsumo. El cuarto punto refuerza la figura de las comunidades energéticas, que pasan a tener un registro oficial y pueden acceder a cesiones de espacio público por parte de los ayuntamientos.
Por último, se introduce la posibilidad de transmitir autorizaciones antes de la puesta en marcha, una medida pensada para evitar la pérdida de proyectos ante la falta de financiación o rentabilidad, especialmente en el actual contexto de precios bajos.
El Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación y deberá ser convalidado en el plazo de 30 días. Afecta positivamente a promotores, administraciones locales, comunidades ciudadanas y al sistema eléctrico en su conjunto. También modifica normativas previas como el DL 16/2019, DL 24/2021, Llei 16/2017, TRLU 1/2010 y Llei 18/2008.
Para Xavier Palacios, este texto responde a una necesidad técnica ineludible y representa un paso clave para consolidar un modelo de ingeniería sostenible, más distribuido, resiliente y alineado con los objetivos de descarbonización en Cataluña.
