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La baliza conectada V-16; entre la seguridad vial y las incógnitas tecnológicas que preocupan a los peritos informáticos

17 de noviembre de 2025

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza luminosa conectada V-16 sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia en España. La medida, según indica Ángel González, Director de GlobátiKa Peritos Informáticos, aprobada en 2021, pretende mejorar la seguridad vial y evitar atropellos en carretera. Sin embargo, diversos especialistas en tecnología y peritaje informático advierten de que el dispositivo plantea dudas sobre privacidad, conectividad, autonomía y proporcionalidad sancionadora.

Un cambio obligatorio con escasa explicación pública

Aunque la normativa lleva años aprobada, la mayoría de los conductores desconoce qué modelos están homologados, qué características deben cumplir o qué sanciones se aplicarán en caso de incumplimiento. Fuentes del sector tecnológico señalan que, pese a la importancia del cambio, la información pública ha sido “insuficiente y tardía”.

Qué es realmente una baliza V-16 conectada

Los dispositivos homologados incorporan:

-Luz intermitente visible a 360º para señalizar el vehículo sin necesidad de salir de él.

-Un módulo de geolocalización (GPS).

-Una SIM integrada o eSIM que conecta automáticamente con la plataforma DGT 3.0.

-Conectividad garantizada durante al menos 12 años.

-Envío automático de la ubicación cuando se activa ante una avería o accidente.

La información, según la DGT, es anónima. Sin embargo, no existen auditorías técnicas públicas que permitan verificar el tratamiento real de los datos.

¿Puede enviar datos del conductor aunque esté apagada?

Como expertos en ciberseguridad, el equipo de GlobátiKa Peritos Informáticos recuerdan que cualquier dispositivo con SIM integrada y hardware de comunicación podría, en teoría, permitir transmisiones o recepción de comandos incluso cuando el usuario no lo activa manualmente. Aunque no hay evidencias de que las balizas V-16 funcionen de ese modo, la falta de documentación técnica transparente ha generado inquietud en el sector.

Desde el ámbito del peritaje informático, portales como peritosinformaticos.es recomiendan que la administración publique auditorías independientes que aclaren el funcionamiento real del sistema, especialmente en lo referente a geolocalización y retención de datos.

Autonomía, batería y mantenimiento

Otro de los aspectos relevantes es la autonomía del dispositivo:

-La normativa exige 18 meses de autonomía garantizada en reposo.

-En uso activo, la baliza debe funcionar al menos 30 minutos, aunque muchos modelos superan ampliamente esa duración.

-Existen versiones con pilas desechables y otras con batería recargable por USB.

-Los fabricantes recomiendan sustituir las pilas o realizar una carga completa al menos una vez al año.

-Condiciones de temperatura, humedad y almacenamiento pueden afectar al rendimiento.

Una baliza sin batería operativa podría dejar al conductor sin señalización eficaz y, en un proceso sancionador, incluso en desventaja ante la administración.

Multas de hasta 200 euros

En 2026, no llevar una baliza conectada homologada podrá implicar sanciones entre 80 y 200 euros. Los especialistas en derecho tecnológico recomiendan conservar factura, caja y certificado de homologación para evitar conflictos en caso de controles o incidencias.

Datos, privacidad y valor probatorio

Además de su función de emergencia, la activación de una baliza V-16 genera datos que pueden tener implicaciones legales. Los logs de activación, por ejemplo, podrían emplearse como prueba para reconstruir desplazamientos, horarios o posiciones en caso de investigaciones o litigios. Por ello, se insiste en la necesidad de establecer protocolos claros de custodia e integridad de esos datos. Así mismo, como siempre, el Perito Informático Ángel González, suscribe que se tenga la geolocalización activa tanto en el terminal como en las fotografías que pueden servir en caso de accidente.

En resumen

La baliza V-16 conectada representa un avance en seguridad vial, pero también abre un debate necesario sobre privacidad, mantenimiento, sanciones e impacto tecnológico. La implantación generalizada de un dispositivo con conectividad obligatoria exige —según coinciden diferentes expertos— transparencia, auditoría y una comunicación pública más clara para evitar que una medida pensada para proteger termine generando incertidumbre entre los conductores.

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