El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves una moratoria que impedirá la concesión de nuevas licencias para convertir viviendas de barrios residenciales en pisos turísticos u hoteles durante los próximos tres años. También se endurecen los requisitos para transformar locales comerciales vacíos en viviendas.
La propuesta, impulsada por el PP, ha salido adelante en solitario. El PSOE se ha abstenido, mientras que Vox y Con Málaga han votado en contra. Ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición ha sido aceptada.
La moratoria no es retroactiva: los proyectos que ya tuvieran su solicitud en marcha antes de la publicación de la norma podrán seguir su tramitación normal. Este matiz ha sido el más criticado por la oposición, que teme un aluvión de solicitudes de última hora. El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, advirtió de que la medida corre el riesgo de convertirse en "un auténtico coladero", recordando que entre 2019 y 2025 el Ayuntamiento ya ha aprobado 217 expedientes de apartamentos turísticos en edificios completos, sin contar las viviendas turísticas sueltas.
La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió que el objetivo es "blindar" el suelo residencial frente al uso de hospedaje y frenar el cambio de locales a vivienda. Sin embargo, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, calificó la propuesta de "chapuza" y de "moratoria fake", responsabilizando al alcalde Francisco de la Torre de la insostenible presión turística. Por su parte, Antonio Alcázar, de Vox, votó en contra por considerar un error atribuir la crisis de la vivienda al turismo y sostener que la medida no construye vivienda nueva ni soluciona el problema de fondo.
Málaga ya había tomado medidas previas: en junio de 2024 exigió entrada y servicios independientes para pisos turísticos, y desde enero de 2025 prohibió nuevas altas en 43 barrios donde estas viviendas superaban el 8% del parque residencial. La nueva suspensión va un paso más allá al paralizar directamente cualquier licencia de hospedaje en suelo residencial durante tres años.
