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9 de abril de 2024
Durante el siglo XX, en el sector de la construcción se popularizó el uso de un material conocido como fibrocemento o uralita, debido a su resistencia a las altas temperaturas y capacidades aislantes. Sin embargo, en la actualidad está prohibido en múltiples países. Esto se debe a que la uralita consiste en una fusión de cemento y amianto. Este último es un mineral fibroso que, según evidencia certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es cancerígeno.
Por esta razón, en muchos países, incluido España, es obligatorio retirar el amianto existente cuando termina su vida útil o se deteriora, puesto que las fibras quedan liberadas y pueden ser inhaladas por las personas que se encuentran en exposición, lo que representan un grave riesgo para la salud. No obstante, la legislación establece que la manipulación de este material solo puede realizarse por profesionales homologados, tal como los de la empresa especializada Amisur.
Amisur explica que debido a lo delicado que resulta el desmontaje de la uralita, la Ley en España es clara en que estos trabajos no deben realizarse de forma particular. Quienes trasgreden esta norma pueden estar sujetos a recibir multas emitidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Estas sanciones van desde los 400 hasta los 800.000 euros, según la gravedad del caso.
El riesgo de tener que pagar estas multas debería generar un efecto disuasorio en quienes consideren retirar el amianto por su propia cuenta. No obstante, la principal razón para desechar la idea de manipular ese material debe ser cuidar la salud, ya que se trata de un elemento sumamente nocivo.
Por tal motivo, para la gestión y desmontaje del fibrocemento con amianto es indispensable contar con la formación, el equipamiento y las técnicas adecuadas que poseen los profesionales capacitados para este fin.
Además, para poder participar en labores de manipulación de este material hay que estar inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, más conocido como RERA, y elaborar un documento que se presenta ante la autoridad laboral, conocido como plan de trabajo de amianto. En el Real Decreto 396/2006 se detallan todas las condiciones sobre los procedimientos a seguir para la retirada de la uralita de manera segura. El documento incluye disposiciones sobre las obligaciones de las empresas para proteger la salud de los trabajadores.
Esta normativa también establece que los empresarios deben asegurarse de que bajo ninguna circunstancia sus trabajadores queden expuestos a una concentración de amianto en el aire, superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas.
Finalmente, otro punto importante es el relacionado con el uso de equipos adecuados para la protección individual de las vías respiratorias, así como las medidas de higiene personal.