Digital Sevilla
22 de octubre de 2025
La justicia juvenil en España tiene una finalidad esencialmente educativa y de reintegración, muy distinta a la del sistema penal de adultos. La Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, establece un marco orientado a la reeducación y a la reinserción social, donde el objetivo no es castigar, sino ofrecer al joven infractor una oportunidad de cambio.
Desde el despacho Martín & Pares Abogados, especializado en Derecho Penal y de Menores, destacan la relevancia de un asesoramiento jurídico experto para garantizar los derechos del menor en todas las fases del procedimiento. La intervención de un abogado con formación específica en esta materia resulta determinante para asegurar que el proceso cumpla con los principios de proporcionalidad, equidad y respeto al interés superior del menor.
A diferencia del sistema penal ordinario, la justicia de menores se rige por un enfoque restaurativo. La ley busca responsabilizar al menor de sus actos sin estigmatizarlo, promoviendo medidas que favorezcan su desarrollo personal y su reintegración social.
Entre las medidas contempladas se encuentran la libertad vigilada, las tareas socioeducativas, la convivencia con otra persona o grupo educativo o la asistencia a centros de día. Solo en casos de especial gravedad o reincidencia puede imponerse un internamiento, siempre con carácter excepcional y por tiempo limitado.
“El sistema penal juvenil español es uno de los más garantistas de Europa. Su objetivo no es el castigo, sino la educación y la prevención de futuras conductas delictivas. Pero para que ese equilibrio funcione, es imprescindible contar con abogados especializados que sepan acompañar al menor y a su familia en todo el proceso”, señalan desde Martín Pares Abogados.
El procedimiento ante los juzgados de menores presenta diferencias importantes respecto al penal ordinario: la rapidez de las actuaciones, la intervención del Ministerio Fiscal desde el inicio y la necesidad de un entorno más pedagógico que punitivo.
El abogado del menor no solo asume su defensa jurídica, sino que también actúa como figura de apoyo y orientación, explicando al joven y a su familia las consecuencias legales y las posibles alternativas al juicio. La labor de mediación, la reparación del daño y la implicación en programas educativos son elementos fundamentales para alcanzar soluciones justas y constructivas.
“Una defensa adecuada no se limita al aspecto técnico; requiere sensibilidad, empatía y comprensión del contexto familiar y social del menor. En muchos casos, la intervención temprana del abogado permite sustituir una medida judicial por un acuerdo educativo o de reparación”, explican los especialistas de Martín Pares Abogados.
La ley ofrece distintas vías para evitar el internamiento o la imposición de medidas restrictivas. La mediación penal juvenil y los programas de reparación del daño permiten que el menor asuma su responsabilidad y repare las consecuencias de su conducta de manera constructiva.
Estas medidas no solo benefician al menor, sino también a las víctimas y a la comunidad, fomentando una cultura de responsabilidad y conciliación. De este modo, el proceso deja de ser puramente sancionador para convertirse en una oportunidad real de aprendizaje y reinserción.
La experiencia de Martín & Pares Abogados en la defensa de menores infractores demuestra que la intervención jurídica especializada marca una diferencia crucial en los resultados del procedimiento. El despacho apuesta por un modelo de defensa integral, centrado en la protección de los derechos del menor y en la búsqueda de soluciones que favorezcan su crecimiento personal.
“El Derecho Penal de Menores requiere conocimiento técnico, pero también humanidad. Cada caso es una oportunidad de cambio, y el abogado tiene la responsabilidad de acompañar ese proceso con respeto y vocación social”, concluyen desde el despacho.
