El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes la inyección de 954 millones de euros a la Junta de Andalucía para el sistema de dependencia correspondientes a 2026 y 2027. Según el departamento estatal, los fondos permitirán reducir en un 45% las listas de espera, lo que se traduciría en que 15.500 personas dejen de esperar una prestación en un plazo de año y medio. Además, estiman que 120.000 nuevos beneficiarios podrían acceder al sistema, elevando el total a 437.500 personas atendidas.
La consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, ha calificado la medida de 'parche coyuntural' y ha insistido en que es 'insuficiente' para resolver el problema estructural de financiación. 'Lo que presenta el Gobierno es un parche coyuntural y no una solución definitiva', afirmó López, quien recordó que la Junta aporta más del 60% del presupuesto de dependencia, mientras que el Gobierno central apenas alcanzó el 30% en 2024. La consejera exigió al ejecutivo el pago de los cerca de 6.000 millones de euros que, según sus cálculos, adeuda a la comunidad por la infrafinanciación histórica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
López también cuestionó el cambio de postura del Ministerio y reprochó que en abril de 2025 se alcanzara un acuerdo con el País Vasco para abonar el 50% del coste de la dependencia. 'Los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. No vamos a consentir que las personas dependientes de esta tierra sigan siendo tratadas como ciudadanos de segunda', subrayó.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha instado a la Junta a gestionar 'bien y rápido' los casi mil millones adicionales para agilizar la tramitación y mejorar la vida de los dependientes. Desde el Ministerio aseguran que la financiación es 'estructural' y que las nuevas cuantías quedan blindadas por ley, por lo que los fondos continuarán en 2028 y años posteriores.
