
13 de septiembre de 2022
El servicio de traducción jurada es aquel que se encarga de gestionar el proceso de pasar de un idioma a otro, cualquier documento legal. Esto se hace con una finalidad legal específica y siguiendo las normativas vigentes ante el organismo oficial. Significa que es posible tener una copia certificada en una lengua extranjera y esto es aplicable a cualquier documento.
En España encontramos varios de estos profesionales que cuentan con los permisos necesarios para hacer traducciones juradas. Dichas traducciones siempre llevan un sello y también la firma del traductor o intérprete encargado. Además, estos documentos se reconocen al incluir en la última página una certificación que acredita que es una traducción jurada.
Al contratar a un traductor jurado en Sevilla se debe tener en cuenta que este debe estar habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Esto quiere decir que dicho profesional ha cumplido con las exigencias legales que le confieren la función que ejercen en cuanto a traducir documentos en lenguas extranjeras que son oficiales.
También se debe tener en cuenta que estos no son funcionarios públicos y tampoco tienen una plaza oficial. En cambio, son profesionales independientes que para ejercer su profesión de manera autónoma deben apegarse a las normas vigentes.
Es el MAEC quien acredita que están debidamente cualificados. Estos profesionales pasan por una serie de pruebas que deben superar. Uno de ellos es el examen de idiomas de la oficina de interpretación de lenguas.
También es aplicable que en ciertos casos se reconozca la obtención de un título en el extranjero relacionado con los estudios en idiomas. Es por esto fundamental que sus estudios estén debidamente convalidados y su diplomatura y licenciatura sea en traducción o interpretación de lenguas. Además, se debe haber cumplido con los créditos que exigen las áreas de traducción jurídica y económica.
Por otra parte, hay que destacar que las traducciones juradas que tienen un valor oficial deben regirse por lo establecido por el Real Decreto 2555/1977. Además, el reglamento dictamina que estas traducciones se deben someter a revisiones. Dicha inspección se hace en la Oficina de Interpretación de Lenguas.
Los documentos a los cuales se les debe hacer una traducción deben seguir una serie de procesos administrativos y judiciales. Significa que se debe aportar documentación extranjera que ratifique su originalidad. Estos a su vez deben ser presentados ante la administración pública o los organismos competentes. De manera que estos documentos que serán traducidos por un traductor jurado ya cuenten con el reconocimiento sobre su validez, la cual es oficial.
En la mayoría de los casos se trata de documentación que procede del extranjero y debe presentarse ante una autoridad española para que puedan ser reconocidos. También puede ser el caso contrario. Documentación que ha sido emitida por instituciones españolas que será llevada ante instituciones que se encuentran en el extranjero. Debe ser una copia fiel en su contenido, la información o los datos no deben ser cambiados.
Cualquier institución puede solicitar estos documentos. Generalmente, se habla de instituciones gubernamentales, así como también las de sectores públicos y privados. Se suele hacer mención de los documentos de uso académico, pero también a documentos laborales, legales y médicos.
Estos son algunos ejemplos:
También están los documentos mercantiles, que proceden de empresas o instituciones relacionadas con el sector público o privado. En estos casos en particular, se solicita que la traducción sea llevada a cabo por un experto en Derecho, de manera que se eviten errores en la traducción.