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Estalla un fraude laboral masivo que afecta a todas las administraciones de España

9 de febrero de 2018

Estalla un fraude laboral masivo que afecta a todas las administraciones de España
Mariano Rajoy

Las sentencias de los jueces demuestran que ha existido el mayor fraude laboral de la historia de España y podría poner contra las cuerdas al gobierno de Mariano Rajoy, que contrató a centenares de miles de interinos trabajando periodos mayores que los que marca la ley.

Según informa la agencia EFE, las condenas ya se están sucediendo y podrían venir una ola de demandas debido a que tanto el gobierno central como los autonómicos y las administraciones locales abusaron de la ley a la hora de contratar interinos.

Desde gobiernos anteriores y con el de Mariano Rajoy se han cometido irregularidades a la hora de prorrogar la convocatoria pública de empleo durante la crisis.

Estas comienzan cuando Rajoy convocó una masivas oposiciones para echar hasta a 700.000 funcionarios interinos que trabajan desde hace 20 años cuando por ley solo podían estar un máximo de tres.

La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha confirmado que Ana De Diego, secretaria del Ministerio de la Defensa, debe tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la administración de acuerdo al principio básico de la ley española: ningún trabajador temporal debe ser discriminado en relación a los beneficios del trabajador fijo, al margen de la duración de su contrato.

Desde la CGT se está llamando a un paro de profesores por este motivo y otros sindicatos han anunciado huelgas por este motivo.

“Estamos animando a todos los interinos a denunciar ante los tribunales con el fin de tener garantías frente a un despido nulo y para que obtengan sus indemnizaciones”, detalla el portavoz de Somos Sindicalistas Madrid, Miguel Ángel Lorenzo.

Más de 3.000 demandas han sido activadas por la asociación de interinos contra el gobierno para blindar sus empleos al haber trabajado más de tres años y no quedar en la calle ante futuras oposiciones.
Ninguna administración ha previsto ningún plan de acción ni las indemnizaciones que tendrían que asumir en caso de despido.

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