Los hijos de uno de los prohombres del Franquismo, José Utrera Molina, han demandado a la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez; al diputado de ERC Gabriel Rufián; y al exdirigente de Podemos en Toledo Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo, por señalarlo como uno de los firmantes de la sentencia de muerte contra el joven catalán Salvador Puig Antich en los estertores de la dictadura.

Según detalla eldiario.es, en la demanda exigen una indemnización de 10.000 euros por sendos tuits publicados en el cuadragésimo cuarto aniversario de la ejecución de Puig Antich. El pasado 2 de marzo, Rodríguez, Rufián y Díaz-Cardiel publicaban en la red social un mensaje en recuerdo del que fuera último ajusticiado de la dictadura fascista por garrote vil.

En la demanda, los hijos de Utrera Molina reconocen todo el pasado falangista y franquista de su padre, así como la defensa que hizo de la dictadura durante toda su vida el que fuera fallido candidato por Málaga de la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga y otros ministros franquistas, convertida hoy en el Partido Popular.

Los demandantes aseguran que los tres tuits tenían por objetivo “dañar la imagen y el nombre” de su padre “atribuyéndole la autoría material o, al menos, una responsabilidad directa en la muerte de Salvador Puig-Antich”. Algo que, en opinión de los hijos de Utrera Molina, “es absolutamente falaz”. Son, apunta la demanda, “insidias infamantes que provocan objetivamente el público descrédito” de su padre.

Los herederos del ya fallecido máximo dirigente falangista denuncian además que Rufián hiciera una referencia a que su padre muriera “en la cama” el pasado mes de abril de 2017. “Sugiere subrepticiamente que dicha muerte no era la que merecía el fallecido”, sino que “se le considera merecedor de haber muerto de una forma distinta (se supone violenta)”.

Utrera Molina formaba parte del Gobierno militar cuando Puig Antich fue condenado a muerte por el asesinato de un policía nacional. El Consejo de Ministros ratificó dicha sentencia, tal y como reconocen los demandantes. El matiz, según los hijos del que fuera máximo dirigente del Movimiento Nacional durante el juicio militar contra el joven anarquista catalán, es que el Gobierno daba “el enterado”, es decir, un mero “acuse de recibo” de las sentencias a muerte. “Ni aunque hubiera querido”, asegura el escrito, “podía ninguno de los ministros de aquél gabinete haber hecho nada para impedir la ejecución”.

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