Redacción - 29 de enero de 2019
La Guardia Civil va a denunciar a las personas que realizaron el pozo ilegal de Totalán al que cayó Julen así como a los responsables de las obras que movieron la piedra que tapaba el agujero.
Según EL MUNDO, la Benemérita redactará un informe de todos los trabajos ilegales que entregará a las administraciones competentes para que fijen sanciones.
El documento ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga donde se investiga un presunto delito de homicidio imprudente del dueño de la finca y el pocero al no haber tomado las medidas de seguridad necesarias que pudieron haber evitado la muerte del niño de dos años.
Otro informe, realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre el sondeo ilegal será entregado a la Dirección General de Minas de la Junta y a la de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Al parecer, en la misma finca, se realizó otro pozo aunque este sí estuvo sellado de manera correcta.
El dueño de la finca quería construir una casa, por ello rebajó el terreno de la montaña y realizó una zanja para construir un muro de contención para evitar que desprendimientos afectaran a la casa.
La maquinaria que trabajaba en estas obras movió la piedra que tapaba el pozo donde murió Julen.
Tanto el pocero como el dueño, pareja de la prima del padre de Julen, echaron la culpa de la falta de autorizaciones. El primero no las requirió y el segundo no las solicitó.
La Guardia Civil quiere además saber qué causó el tapón de tierra a los 71 metros de profundidad.
La multa habitual de 6.000 euros por el pozo ideal podría llegar a 300.000 euros por la muerte del niño.
El Seprona ha contabilizado 3.306 infracciones en 2018 de la Ley de Aguas, gran parte de ellas por pozos ilegales.
En cuanto a las obras ilegales podrían tener una multa de 3.000 euros hasta un porcentaje del presupuesto total de la obra realizada.
