Redacción - 10 de marzo de 2020
Año 2015. España se encontraba sumida en una profunda crisis económica que disparó los índices de desempleo y rompió el bienestar de multitud de familias. Con el objetivo de minimizar estas consecuencias y revitalizar la economía nacional el gobierno de Mariano Rajoy elaboró una reforma laboral que sigue siendo motivo de debate. ¿Qué supuso para los trabajadores?
La respuesta a esta cuestión es compleja. Los analistas no terminan de ponerse de acuerdo, pues hay sectores que afirman que cumplió las metas para las que fue diseñada, mientras que otros nunca percibieron los resultados sociales esperados. Los objetivos principales eran claros y se pretendía destruir el menor empleo posible, evitar un exceso de contratación temporal y reducir los costes laborales.
Laura Palma, abogada laboralista en Civic Abogados, conoce muy bien los efectos de esta reforma pues lleva años conviviendo con ella. Ella admite que “el problema fue que sus metas llevaban aparejadas una devaluación salarial, una temporalidad en la contratación que se agudizó, un aumento de los despidos colectivos y una falta de doctrina jurídica ante la nueva regulación que terminó clarificándose mediante las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo”.
Distintos estudios afirman que esta reforma sí tuvo efectos positivos. Entre ellos se incluyen: la disminución de la tasa de paro; la flexibilización laboral interna por parte de las empresas para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado; la adaptación de la negociación colectiva al ámbito de la empresa y, por último, la racionalización de los costes de despido y la eliminación de la autorización administrativa.
Sin embargo, esta especialista no percibe esta mejora y reconoce que “estos mal llamados ‘efectos positivos’ trajeron consigo un empeoramiento de las condiciones laborales y una devaluación salarial cuyas consecuencias finales serían la pérdida de derechos laborales de los trabajadores y el empobrecimiento del mercado laboral”.
Esta opinión se ve refrendada por Juan Ignacio Oñós, letrado de Jionos Abogados experto en derecho laboral, que afirma que “fundamentalmente esta reforma fue un recorte a los derechos de los trabajadores en la indemnización por despido improcedente”.
“La reducción del coste del despido por parte de los empresarios frente a los trabajadores ha sido el aspecto más lesivo”, repite. Además aclara que “todo esto ha tenido consecuencias en el mercado laboral” y explica que “las empresas durante estos años han despedido a muchos trabajadores a un coste más bajo que antes del 2012”.
El propio Pedro Sánchez, aseguró durante la campaña electoral que uno de sus compromisos electorales iba a ser la derogación de parte de esta reforma laboral. El actual Presidente reconocía que produjo un “intolerable recorte de los derechos de los trabajadores” y ya ha llevado a cabo su primera medida para cambiar esta situación.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un real decreto-ley con la derogación del “despido por absentismo”, más conocido como despido por baja médica. De esta forma se elimina el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores que estaba siendo objetivo de serias polémicas dentro del Tribunal Constitucional, ya que su aplicación chocaba directamente con el derecho de las personas trabajadoras a garantizar su salud frente al empleo. Un problema que queda zanjado.
