Redacción - 14 de septiembre de 2020
La juez María Núñez Bolaños no recuperará la instrucción de los numerosos casos de corrupción multimillonaria que afectan a la organización PSOE-A.
Según confirman a ABC fuentes próximas a la magistrada, Núñez Bolaños ha pactado con José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo asignado al juzgado número 6 de Sevilla, para que éste último siga con la instrucción de las macrocausas relacionadas con anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía.
La polémica juez, cuya cuñada trabajaba en la Agencia IDEA precisamente en el departamento que controlaba las transferencias presuntamente irregulares de los ERE, ha sido en varias ocasiones recriminada por los órganos superiores por su manera de instruir o de cerrar causas.
Tras once meses de baja médica, Núñez Bolaños se reincorpora a su puesto pero no llevará más los casos multimillonarios de corrupción que afectan a la organización que todavía lidera Susana Díaz.
El acuerdo tiene lugar después de que los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla firmasen un informe de queja en junio de 2019 por las continuas demoras que sufrían las causas de corrupción, que desencadenaron incluso la prescripción de delitos en la causa penal de los ERE, abierta en enero de 2011, y la impunidad para sus responsables.
Todo este desastre judicial llevó a que la Fiscalía General del Estado emitiese en julio de 2019 una denuncia alegando que «la desatención y retraso injustificado» de las causas ERE, Avales y IDEA que la juez heredó hace cinco años de la juez Mercedes Alaya, la cual fue apartada con mentiras según ella misma denunció.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hace dos días avalar, a pesar de las prescripciones y las numerosas quejas, lo hecho por Núñez y archivar el expediente abierto contra ella.
Fuentes jurídicas han negado al diario que existiera un pacto entre la polémica juez, cuyo marido era amigo íntimo del exconsejero de Justicia Emilio Llera, y el CGPJ.
Núñez Bolaños era juez de Familia y nunca había llevado casos de corrupción. Se creó un puesto que nunca había existido antes para la juez Mercedes Alaya que denunció que había sido apartada por un pacto de silencio entre las organizaciones que lideraban Rajoy y Susana Díaz.
La juez hizo exactamente la estrategia judicial que demandaba Susana Díaz cuando era presidenta de la Junta, dividir el caso ERE en tantas piezas como empresas beneficiadas.
La lentitud en la instrucción de estos casos multimillonarios, que la juez achacaba a los numerosos recursos que presentaban las partes, aumentó el riesgo de prescripción de los delitos.
Numerosas decisiones de la magistrada fueron revocadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, que incluso emitió resoluciones que Núñez Bolaños se negó a acatar.
