Redacción - 4 de julio de 2019
La juez María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya al frente de los principales casos de corrupción de Andalucía, ha sido denunciada ante el Poder Judicial por la propia Fiscalía Anticorrupción al considerar que puede haber cometido una falta “muy grave o grave” al perjudicar el caso ERE por haberlo desatendido impidiendo así hacer Justicia.
El Ministerio Público, con el apoyo unánime de los fiscales implicados, ha presentado su denuncia ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial.
Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, ha presentado personalmente el escrito que, de ser cierto, implicaría un grave perjuicio para la justicia y para la recuperación de lo defraudado a los andaluces.
El fiscal jefe hace referencia en su denuncia a los casos ERE, Avales e IDEA afirmando que estas causas tienen una situación procesal que se ve “afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y la Administración de Justicia”, según detalla una nota de prensa comunicada por la Fiscalía General del Estado.
Esta medida se toma después de que los fiscales que llevan años trabajando en estos casos de corrupción multimillonarios hayan enviado un informe a su jefe detallando las supuestas irregularidades cometidas por la polémica juez Núñez Bolaños, que asumió el puesto de Mercedes Alaya tras ser esta apartada con engaños, como ella misma denunció, por un presunto pacto de silencio entre Susana Díaz y Mariano Rajoy.
El trepidante ritmo de trabajo de Alaya que acorralaba a la organización PSOE-A se vio muy ralentizado con la llegada Núñez Bolaños, según denunciaron los propios fiscales, prescribiendo así muchas piezas de esta macrocausa.
La actitud de Núñez Bolaños ha hecho, según Fiscalía Anticorrupción, que sea “imposible” proceder en los términos que exige la ley procesal penal para la práctica de las actuaciones necesarias el esclarecimiento de los hechos y poder determinar la responsabilidad penal de los posibles autores, perjudicando los fines del propio proceso penal.
