Andalucía

Bendodo investigado por la Fiscalía por la contratación de 159 empleados públicos de la Junta

Bendodo investigado por la Fiscalía por la contratación de 159 empleados públicos de la Junta

Publicado: 24 de septiembre de 2020 08:36 (GTM+2)

El Ministerio Público ha abierto diligencias penales contra varios peces gordos de la administración andaluza

Elías Bendodo está siendo  investigado por la Fiscalía Superior de Andalucía por la contratación de 159 empleados públicos.

El Ministerio Público ha abierto unas diligencias de investigación penal por dicho proceso de contratación realizado el pasado 8 de julio por un posible delito de prevaricación contra, entre otros, Elías Bendodo, consejero de la Presidencia.

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha designado al fiscal José Rogelio Muñoz Oya para que realice las “actuaciones que estime conveniente” y elabore “un informe-propuesta” en las próximas fechas sobre el que basar la decisión a tomar.

El diario Público ha tenido acceso al escrito enviado por las mareas blancas, organizaciones en defensa de la sanidad pública que denunciaba el modo de contratar con la excusa de la emergencia de la pandemia.

El proceso decretado mediante un decreto ley abrió un plazo de tan solo 24 horas que se rigió por estricto orden de llegada de solicitudes a un correo electrónico y no tuvo apenas publicidad.
La convocatoria excluía a personas con más de 60 años, a embarazadas y lactantes, lo que los partidos de la oposición consideraron discriminatorio y a su vez impedía el acceso a quien padecieran enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes e inmunodeficiencia.

Según las mareas blancas la convocatoria no tiene “los requisitos y las garantías de publicidad, mérito y capacidad”.

Los denunciantes afirman que “el hacerse por una vía urgente, con 24 horas de plazo y sin necesidad de aportar méritos, y capacidades en un currículo vitae y basar la selección exclusivamente en el orden de entrada en el correo electrónico, entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público" añadiendo que la emergencia de salud pública “no se justifica ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones”.

De esta forma las mareas argumentan:

“En la convocatoria aparecen puestos de arquitectos superiores y técnicos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de minas, conservadores de patrimonio etc, que nada tienen que ver directamente con medidas de abordaje o prevención referidas a la pandemia del coronavirus. (…) Más bien son titulaciones de trabajos referidos a temas urbanísticos y medioambientales que pudieran estar relacionados con el llamado macrodecreto–ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que limita los controles urbanísticos, medioambientales y de salud que se contemplaban en la legislación urbanística de la Junta de Andalucía. (…) Llama la atención que absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza, siendo de conocimiento público la situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio decenas de brotes activos del coronavirus en Andalucía y la necesidad de rastreadores y personal sanitario de refuerzo”.

El portavoz de Adelante Andalucía Toni Valero declaró al respecto en Twitter: “Llevamos denunciándolo durante meses. No tienen justificación alguna las contrataciones que el Gobierno andaluz ha venido realizando en procesos que duraban abiertos 24 horas, sin previo aviso y perjudicando a interinos. Celebramos que se investigue este hecho”.

La denuncia afectaría a Elías Bendodo, a la secretaria general para la Administración Pública Ana María Vielba Gómez así como a la directora general Natalia Silva Márquez García.
Los denunciantes creen que estos tres peces gordos de la Junta propiciaron esa manera de contratar “con conocimiento de su evidente ilegalidad y manifiesta arbitrariedad”.

En otro orden de cosas, Salud Responde, el teléfono oficial de la Junta de Andalucía para temas médicos, está recibiendo quejas por las horas de espera que tienen que sufrir algunos usuarios.