Redacción - 13 de mayo de 2022
Los errores de ortografía cometidos por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el auto en catalán no fueron pasados por alto. Por lo que ahora, el presidente de la Sala Contenciosa de dicho organismo pidió disculpas por dichos errores con el que el martes dio quince días a la Cancelería de Educación para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.
Por medio de un tuit el TSJC ha indicado que los errores fueron causados por un muy desafortunado error humano en el intercambio de borradores de trabajo. No hay que olvidar que el lunes, el tribunal notificó el auto con el que se forzaba la ejecución de esta sentencia por petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
El texto de carácter legal contaba con una gran cantidad de faltas de ortografía y de sintaxis, algo poco habitual en este tipo de documentos. Se llegaron a contabilizar más de un centenar de faltas de ortografía y errores de todo tipo, sobre todo cuando se trataba de las traducciones literales del castellano al catalán. Esto es un claro ejemplo de que el texto no fue revisado antes de ser enviado a las partes.
Entre las faltas que se pueden contar tenemos la ausencia de una “s” en “inadmisió”, ya que es con doble “s” o una n en “llegua”. Claramente este tipo de errores son una falta, que no se pasan por alto, ya que es poco común que se presente, incluso en wikiejemplos. Además, en consecuencia, de esto es complicado que las partes puedan entender el texto en su totalidad, algo que afecta la comunicación, lo cual podemos revisar aquí.
Por su lado el departamento de justicia ha recordado este martes que los juzgados de Cataluña tienen el Servicio Lingüístico de la Secretaría para la Administración de Justicias a su disposición. De modo que este servicio siempre va a atender las peticiones de traducción y corrección de documentos, al igual que otros asuntos relacionados con su especialidad.
Con respecto al auto sobre el 25% de castellano en las aulas, no hay constancia que el tribunal se haya dirigido al Servicio lingüístico para solicitar soporte para redactarlo. De hecho, no hay constancia de que se haya acercado para traducirlo o corregirlo. Esto es un problema, ya que el personal de los juzgados siempre puede dirigirse a los dinamizadores lingüísticos de este servicio cuando necesiten que se les corrija o traduzca un documento.
Lo mencionado puede hacerse en casos concretos, o en una sentencia, incluso en un modelo de documento que puede servir para distintos procedimientos. Pero eso no es lo único, ya que la atención personalizada que tienen los juzgados a través de los dinamizadores lingüísticos, poseen herramientas de traducción automática, programas de corrección de documento y programa online, este último actualmente se puede encontrar en la red.
Básicamente los servicios lingüísticos en el ámbito judicial dan los medios necesarios para poder garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos que se relacionan con la Administración de Justicia. La actividad de este servicio busca conseguir que el personal judicial tenga completa competencia para trabajar en catalán de forma autónoma, al igual que facilitar y promover el uso de catalán en las actuaciones judiciales.
Por lo general las actuaciones se materializan por medio de cursos de todos los niveles y talleres donde se enseñan herramientas y recursos lingüísticos de lengua catalana. Todo esto lo ofrece el Departamento de Justicia.
Si tenemos todo esto en cuenta, resulta bastante interesante que se haya cometido un error como este. Sin embargo, ya se han realizado las respectivas disculpas sobre el tema. Esto es importante ya que la sentencia de implantar el 25% de castellano en todos los centros educativos tiene un plazo máximo de 15 días para que se indiquen las instrucciones oportunas y se establezca las garantías para controlar su ejecución “forzosa”.
En un auto, la sección 5ª de la sala contenciosa-administrativo del TSJC indica que da este plazo para que todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la educación mediante la utilización vehicular “normal” de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen.
