Digital Sevilla
20 de septiembre de 2024
En las últimas semanas, algunos juzgados han sido escenario de actos en los que los jueces de guardia se han negado a suspender resoluciones administrativas. Estos casos han involucrado a personas extranjeras y específicamente se refieren a medidas que los obligan a retornar de inmediato a sus países de origen. Algunos expertos, como los de la firma SG Legal Consulting, explican que muchos de estos togados han argumentado conflicto de competencias jurisdiccionales en sus decisiones. Sin embargo, paralelamente, se está vulnerando el derecho que tienen los afectados a que sus casos sean revisados antes de que la medida sea ejecutada.
El incremento en el flujo de personas extranjeras por el territorio español ha generado que el tema haya cobrado protagonismo en medios y predios legales. El abogado Luis Soto Tejedor, representante de SG Legal Consulting dice que cuando un extranjero recibe una Resolución Administrativa de Retorno puede diferir su ejecución. Esto es posible porque la misma ley prevé que el afectado puede solicitar su revisión. Estos casos deben ser conocidos por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo, si está cerrado, el afectado puede y debe acudir a un juez que esté de guardia para que dicte una medida. Lo que ha ocurrido es que algunos de estos jueces de guardia se han negado a intervenir alegando un conflicto de competencias jurisdiccionales.
Soto Tejedor señala que existe una polémica en la sociedad y un dilema dentro de los juzgados. Cuando un juez se niega a actuar puede incurrir en la vulneración de los derechos de una persona extranjera. Dentro del tribunal, el dilema es que, si el juez actúa en un área que no es de su competencia, su decisión podría ser recurrida. Una decisión contraria de un tribunal superior pondría en entredicho su autoridad, su competencia como juez y se expondría incluso a una revisión disciplinaria. Por eso, según el experto de SG Legal Consulting, lo importante es revisar el contexto de la decisión. Señala que todas deben basarse en el principio de tutela judicial efectiva y en la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución.
