Digital Sevilla
18 de julio de 2025
La transformación digital en el ámbito fiscal avanza a gran velocidad en España. Con la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude, la facturación electrónica pasa de ser una opción a convertirse en una obligación legal para empresas, pymes y autónomos. A este cambio normativo se suma la puesta en marcha del sistema Verifactu, una herramienta que refuerza el control tributario mediante el envío automático de registros a la Agencia Tributaria.
En este contexto, cualquier programa de gestión para empresas, pymes y autónomos deberá adaptarse a estas exigencias legales, incorporando funcionalidades que garanticen la integridad, trazabilidad y transparencia de las operaciones de facturación. Este artículo detalla los aspectos clave de esta nueva realidad fiscal y ofrece una guía clara para comprender cómo cumplir con las obligaciones que se avecinan.
La Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) establece que todos los empresarios y profesionales que operen en territorio español deberán emitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales. Esta medida tiene como objetivo principal reducir la morosidad empresarial, aumentar la transparencia y mejorar la competitividad del tejido económico.
El calendario de implantación se ha diseñado por fases. Las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros deben adaptarse en primer lugar. Posteriormente, la obligación se extenderá a todas las pymes y trabajadores autónomos, independientemente de su volumen de negocio. Esto significa que, en un corto plazo, ninguna actividad económica podrá continuar emitiendo facturas en papel.
La facturación electrónica no solo implica el uso de un formato digital, sino también el cumplimiento de requisitos técnicos específicos, como la conservación electrónica, la autenticidad del origen y la integridad del contenido.
Además de la digitalización del proceso de facturación, la Agencia Tributaria ha desarrollado un nuevo sistema de control denominado Verifactu. Este modelo, contemplado en la Ley 11/2021 de medidas contra el fraude fiscal, establece que los sistemas de facturación deben estar preparados para enviar automáticamente los registros de facturación a Hacienda, de forma voluntaria en una primera fase, aunque con previsión de adopción generalizada.
Verifactu se basa en tres principios fundamentales:
Inmutabilidad: cada factura debe generar un registro que no pueda ser alterado posteriormente.
Trazabilidad: todo el proceso, desde la emisión hasta el archivo, debe quedar registrado de forma transparente.
Control en tiempo real: los datos pueden ser enviados a la Agencia Tributaria en el momento de su generación.
Aunque el envío inmediato aún no es obligatorio, el diseño del sistema está enfocado en facilitar su aplicación futura, en línea con lo que ya ocurre con el Suministro Inmediato de Información (SII) en el ámbito del IVA.
Es habitual que se confundan los conceptos de facturación electrónica y Verifactu, aunque se trata de elementos distintos y complementarios.
La facturación electrónica consiste en la generación y emisión de facturas en formato digital estructurado, como XML, Facturae o UBL, que sustituye al tradicional documento en papel. Su uso está regulado por normas específicas sobre formato, conservación y autenticación.
Por su parte, Verifactu no es un formato de factura, sino un sistema de envío automatizado de información fiscal. Actúa como una capa adicional de supervisión, orientada a garantizar la integridad del dato, prevenir fraudes y permitir el seguimiento en tiempo real de las operaciones.
En otras palabras: todas las facturas electrónicas podrán integrarse con Verifactu, pero no todas las soluciones de factura electrónica cumplen automáticamente con los requisitos técnicos de este sistema. Por ello, resulta esencial contar con software compatible y actualizado.
Los programas de facturación deberán incorporar una serie de funcionalidades clave para adaptarse a la normativa vigente:
Generación de facturas electrónicas estructuradas y firmadas digitalmente.
Registro inalterable de las operaciones, con algoritmos hash que impidan su modificación posterior.
Trazabilidad completa, desde la creación hasta la conservación del documento.
Capacidad para remitir registros a Hacienda, en caso de optar por integración con Verifactu.
Interoperabilidad con plataformas públicas, como FACe y FACeB2B.
Sistema de archivo digital seguro y accesible durante los plazos legales establecidos.
Además, el software debe contar con actualizaciones constantes que se ajusten a los cambios legislativos y tecnológicos que puedan surgir. Algunos desarrollos, como el programa PowerGest, ya han comenzado a implementar mecanismos de actualización automática para adaptarse a las exigencias de la factura electrónica y del sistema Verifactu, permitiendo así que las empresas estén siempre alineadas con la normativa.
Para muchas pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, esta transformación puede resultar desafiante. Sin embargo, también representa una oportunidad para profesionalizar la gestión y mejorar el control interno.
Entre los beneficios que ofrece la facturación electrónica se encuentran:
Reducción de costes administrativos y de almacenamiento físico.
Agilización en la emisión, recepción y cobro de facturas.
Disminución de errores contables y duplicidades.
Mayor cumplimiento fiscal gracias a procesos automatizados.
La adopción anticipada de herramientas compatibles puede facilitar significativamente esta transición y evitar sanciones derivadas de un incumplimiento legal.
El nuevo marco normativo no solo implica un cambio técnico, sino una transformación estructural en la relación entre las empresas y la Administración. La Agencia Tributaria ha dejado claro que se perseguirá el uso de software que no garantice la inalterabilidad de los datos o que permita manipular facturas.
El incumplimiento puede acarrear multas económicas, la exclusión de beneficios fiscales y una mayor exposición a inspecciones. Por ello, tanto empresas como profesionales deben revisar sus sistemas actuales, analizar su grado de cumplimiento y optar por soluciones tecnológicas adaptadas a la legalidad vigente.
