El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de cárcel para Isabel E.I. y tres años para su hijo Alejandro R.E. por estafar a la tía de la mujer, de 90 años, a quien consideraban 'como una hija'. La sentencia confirma la dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla en 2022 y posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una estafa planificada
Según los hechos probados, los acusados se concertaron para apoderarse del patrimonio de la víctima. En abril de 2014, la sobrina consiguió que su tía le vendiera su piso en la calle Virgen de Luján y una plaza de garaje por 220.000 euros, mediante un contrato que nunca tuvo intención de pagar. Para simular el cumplimiento, abrió una cuenta a nombre de la tía con su hijo como cotitular, donde ingresó 30.000 euros y pagó 24 mensualidades de 1.000 euros, pero el hijo fue vaciando la cuenta hasta dejarla en 83,21 euros en septiembre de 2016.
La estafa continuó con la cuenta donde la víctima recibía su pensión. En diciembre de 2013, la acusada logró que su tía eliminara a otra sobrina como autorizada y pusiera a su hijo en su lugar, y posteriormente abrió otra cuenta con el mismo modus operandi, transfiriendo 47.000 euros. En total, los acusados se apropiaron de 82.364,49 euros, con los que la sobrina se compró un coche y el hijo pagó sus estudios universitarios en Huelva.
La víctima, ajena y sin usufructo
La víctima, que declaró en el juicio a los 94 años, fue 'completamente ajena' a las operaciones, según la sentencia. Tras la estafa, los acusados ocuparon el piso con su familia y le impidieron el uso, pese a que la escritura le otorgaba el usufructo. Incluso llegaron a poner la vivienda a la venta por 600.000 euros mientras el procedimiento penal estaba en marcha.
El Supremo: 'Era un fraude desde su inicio'
El Tribunal Supremo desestimó los recursos de los condenados, que alegaron que la víctima era consciente de la compraventa y que el notario lo habría autorizado. El alto tribunal subrayó que 'hay prueba indiciaria suficiente para la condena' y que 'no fue una simple operación contractual entre familiares, fue una estafa'. La sentencia anula el contrato de compraventa del piso y fija una indemnización por el valor del garaje. La víctima falleció antes de la primera sentencia.
