Casi nueve de cada diez agencias inmobiliarias aprecian efectos en el mercado del alquiler residencial habitual derivados de los recientes decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Así se desprende de un estudio exprés elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) a partir de las respuestas de más de 600 agencias de las principales capitales y ciudades del país. En concreto, el 88,9% afirma haber detectado incidencias que afectan tanto a la oferta de viviendas como al ritmo de las operaciones.
El efecto más extendido es la salida de inmuebles del alquiler tradicional, que señala el 78,1% de las agencias, con una media de 3,78 viviendas por oficina. Además, el 72,4% observa una paralización en la firma de contratos, con un promedio de 2,75 operaciones detenidas por agencia.
El informe recoge también un desplazamiento de viviendas hacia otros usos. El 56,6% de las oficinas constata que algunos propietarios han optado por la venta, con una media de 2,26 inmuebles por agencia, mientras que el 38,9% aprecia un aumento del alquiler de temporada o por habitaciones, con 1,76 viviendas de media. Solo el 11,1% de las agencias consultadas afirma no haber notado cambios en su actividad.
Más de 5.700 operaciones afectadas en diez días
En términos absolutos, la FAI cifra en 5.758 las operaciones afectadas en apenas diez días. De ellas, 4.235 corresponden a viviendas retiradas o reorientadas: 2.067 han salido del alquiler habitual, 1.224 han pasado a la compraventa y 944 se han destinado a otras modalidades. A estas se suman 1.523 contratos de arrendamiento cuya firma ha quedado bloqueada.
La federación prevé que esta situación pueda traducirse en un descenso de entre el 25% y el 30% en el volumen de operaciones de alquiler en las próximas semanas, como consecuencia tanto de la paralización de firmas como del cambio de destino de parte de las viviendas.
Petición de un pacto de Estado
El presidente de la FAI, José María Alfaro, ha expresado su comprensión ante el malestar social por las dificultades de acceso a la vivienda, el esfuerzo económico que soportan los inquilinos y los desahucios. Sin embargo, sostiene que los últimos cambios normativos están teniendo consecuencias graves en el funcionamiento del mercado.
Alfaro advierte, por un lado, de que el retraso o la caída de las firmas deja a muchas familias sin alternativas de alquiler. Por otro, lamenta que no se haya prestado suficiente atención a los pequeños propietarios, cuya protección frente a los impagos, a su juicio, no está plenamente garantizada y depende de un entramado de trámites burocráticos y competencias repartidas entre administraciones.
El presidente de la federación considera además arriesgado recurrir a la Diputación Permanente para aprobar soluciones parciales en esta materia, ya que, en su opinión, aumenta la presión sobre un sector que ya está al límite y supone legislar con precipitación sobre un asunto especialmente complejo.
En este contexto, la FAI reitera su propuesta de un «Plan Marshall de Emergencia» para el acceso a la vivienda, articulado como un pacto de Estado en el que participen las fuerzas parlamentarias, los gobiernos autonómicos, los colectivos sociales y los expertos del sector, con medidas urgentes y excepcionales acordes con la dimensión de la crisis.
