Digital Sevilla
8 de mayo de 2025
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ha impuesto trabas a la capacidad de los propietarios de gestionar el alquiler de sus inmuebles. Por este motivo, la gestión profesional del alquiler y el seguro de renta garantizada se están convirtiendo en las formas más eficaces de garantizar la rentabilidad del alquiler.
A partir del 3 de abril, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal incorpora restricciones que cambian las reglas del juego para los arrendadores en España. Hasta ahora, muchos propietarios podían reconvertir libremente sus inmuebles residenciales en pisos turísticos.
Sin embargo, la última modificación, promovida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana bajo la dirección de Isabel Rodríguez, impone la necesidad de contar con la aprobación de la comunidad de vecinos para ejecutar cualquier actividad de alquiler vacacional.
La norma exige ahora un respaldo expreso de por lo menos tres quintas partes de los copropietarios y de sus cuotas de participación. Esto significa que, en bloques donde exista oposición significativa, el proyecto de convertir una vivienda en alojamiento turístico sencillamente no saldrá adelante.
Con el aval parlamentario de las Cortes Generales y el apoyo de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, el objetivo principal es frenar el crecimiento descontrolado del turismo residencial y proteger el carácter de las zonas comunitarias.
Más importante todavía, la reforma amplía el control administrativo sobre los arrendamientos turísticos: a partir de enero de 2025, cada vivienda destinada a este fin deberá inscribirse en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
Esta plataforma, impulsada por el Gobierno, centraliza la información de los inmuebles, persigue la detección de posibles fraudes y garantiza una supervisión más rigurosa. En la práctica, los propietarios tendrán que anticiparse a trámites de registro y certificaciones adicionales antes de lanzar su piso al mercado vacacional, lo que incrementa plazos y costes de puesta en marcha.
Frente a los nuevos requisitos legales y al esfuerzo que supone atender todos los detalles —desde la obtención de licencias hasta la supervisión de pagos—, la contratación de un servicio profesional de gestión de alquiler ofrece múltiples ventajas para quienes buscan simplificar el proceso.
En primer lugar, estas agencias realizan un estudio de viabilidad sobre cada candidato a inquilino, analizando en profundidad su capacidad económica y su historial de pago, reduciendo significativamente el riesgo de impagos. Por otro lado, confiar la promoción y el trámite integral de la vivienda a un equipo especializado supone un ahorro de tiempo y, en muchas ocasiones, de dinero.
Estas empresas diseñan un plan de marketing ajustado al perfil del inmueble y difunden anuncios en portales clave para lograr un arrendamiento en tiempo récord. Se encargan de la elaboración de contratos, la gestión de fianzas y seguro de renta garantizada, así como de la coordinación de inspecciones y mantenimiento, lo que previene que el propietario pierda horas en gestiones administrativas.
Además, el asesoramiento continuo al arrendador se convierte en un valor diferencial: desde la resolución de dudas legales hasta la atención de incidencias imprevistas, el servicio integral acompaña al propietario en cada fase del contrato. En suma, delegar la gestión profesional del alquiler no solo aporta seguridad y eficacia, sino que también libera al propietario de las nuevas trabas burocráticas y administrativas impuestas por la Ley.
