Digital Sevilla
29 de noviembre de 2018
José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta y padrino político de Susana Díaz, ha ido hoy al Senado en el marco de la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal de los Partidos Políticos.
El ex presidente del PSOE, afronta desde el banquillo de los acusados una petición de condena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos de malversación continuada y prevaricación por el fraude masivo y multimillonario de los ERE. En esta causa, donde se sientan 22 peces gordos de la Junta del PSOE-A incluidos Chaves y Griñán, presuntamente se defraudó 680 millones de euros y ha tenido hasta 600 imputados. Es el mayor caso de corrupción de España a espera que se sustancie el juicio por los cursos de formación, que podría ser aún mayor a pesar de la escasa relevancia mediática.
El senador popular Luis Aznar ha querido demostrar que tanto la millonada de lo ERE como de la formación se otorgaban a empresas afines al PSOE-A a cambio de comisiones de hasta el 33% para la financiación ilegal del partido.
Ante la negativa de Griñán a declarar, le ha puesto dos grabaciones como ejemplos de lo que se está instruyendo en los juzgados. En una, se detalla como presuntamente la Junta ayudaba al que colaboraba y entregaba una comisión del 33%.
Si quiere escuchar la grabación, este es el momento exacto:
En la segunda, el propio Gobierno de Griñán, a través de la delegada de empleo de la Junta Irene Sabalete, amenazaba a trabajadores de la administración y les obligaba a salir a hacer campaña por el PSOE-A para que no perdieran su empleo. Debían dejar sus puestos de trabajo y tareas para exigir a los empresarios que votaran a la organización gobernante y le ofrecieran a cambio más ayudas.
Por cierto, Irene Sabalete seguía trabajando en la Junta de Susana Díaz como destapó elconfidencial.com
Este es el momento exacto de esta segunda grabación:
En su alegato final el senador popular ha acusado al PSOE-A de tejer una red clientelar según las afirmaciones de la propia fiscalía anticorrupción, de testigos, de la Guardia Civil, de declaraciones de imputados y de grabaciones destapadas de la que se beneficiaron el partido y la gente afín al mismo.
Una “fortaleza” que ha durado 40 años “a costa de un alto precio” ya que no estaba diseñada para “ayudar a los andaluces sino para aprovecharse de las ayudas para los andaluces”, malversando fondos públicos, amenazando a trabajadores para financiarse ilegalmente y beneficiar a los que tenían el carnet o sus allegados.
