
26 de septiembre de 2019
Ana Naranjo, portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento, ha pedido al Gobierno de la Junta de PP y Cs que “se valga” del fallo del Tribunal Supremo que avala la exhumación del dictador del Valle de los Caídos para "sacar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, en la que sigue enterrado con honores".
La diputada ha anunciado en un comunicado que Adelante Andalucía va a registrar de nuevo una nueva iniciativa parlamentaria para que el Gobierno andaluz, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, "actúe de oficio de una vez para sacar a Queipo de Llano en la Macarena".
Naranjo ha remarcado que Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha dicho que "no le importa el Valle de los Caídos deja a las claras la nulas intenciones de este Gobierno en materia de memoria democrática".
La portavoz ha celebrado que "40 años después se vaya a corregir una anomalía democrática en nuestro país, que Franco estuviese enterrado en el Valle de los Caídos", y ha subrayado sobre las víctimas del franquismo "aún queda mucho por hacer y en Andalucía todavía hay más de 45.000 fusilados por el franquismo en las cunetas".
Naranjo ha reclamado a Juanma Moreno que "rectique y no utilice la situación dramática en la que se encuentran las zonas rurales de Andalucía (como el Valle de los Pedroches y el Valle del Guadalhorce) para salir de un embrollo que no le gusta, el de condenar el franquismo sin matices y cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía".
La parlamentaria afirma que las palabras del líder del PP andaluz son "un ninguneo a las víctimas del pasado oscuro, violento y vergonzante que fue el franquismo en España y en Andalucía", por lo que ha instado a Moreno a "cuidar sus palabras y trabajar por la verdad de lo que ocurrió, porque lo conozcan las nuevas generaciones, se haga justicia y se repare a las víctimas y a sus familiares".
Por último, Ana Naranjo ha remarcado que Adelante Andalucía reunió el pasado a más de 30 asociaciones memorialistas en el Parlamento que denunciaron "incumplimientos sistemáticos de la Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno andaluz".