Redacción - 24 de septiembre de 2018
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, UDEF, afirma que la Junta de Andalucía tiene responsabilidad fiscal en el pufo detectado de 36,1 millones de euros en su gestión de Santa Motor.
Según publica El Mundo la administración autonómica dio un préstamo por dicho importe cuando tenía la propiedad del 99% de la empresa sin que devolviera dicho dinero público.
Esa millonada venía del Gobierno de Zapatero que en 2009 concedió el crédito que se tramitó a través de la famosa Agencia IDEA, zona cero de la corrupción de los ERE, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
El dinero nunca se recuperó de forma que según la UDEF se trató de una financiación “irregular” a Santa Motor, que acabó quebrando, algo que prohíbe la Unión Europea de forma clara.
Los investigadores afirman que hubo irregularidades en la gestión del préstamo multimillonario que acabo siendo una subvención a fondo perdido.
Incluso el Plan Linares Futuro que la Junta inventó en 2011 está lleno de irregularidades según la UDEF ya que las ayudas a los ex trabajadores podrían ser ilegales.
La señora Díaz era la jefa del Ejecutivo andaluz cuando la Intervención detalló el menoscabo a los fondos públicos y las irregularidades.
Según la Policía, el Gobierno de Susana Díaz no ha ayudado en la investigación e incluso la ha obstaculizado negando documentación e información a la propia UDEF que pide a la juez que actúe para que ordena a la Junta su entrega “inmediata”.
La juez que lleva el caso es María Núñez Bolaños, la sustituta de Mercedes Alaya tras ser apartada la magistrada de los fraudes masivos de la formación y los ERE después de un ascenso repentino a un cargo creado ex profeso.
