El ex consejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda entre los años 1987 y 1990 ha sido condenado por el Tribunal Supremo a devolver casi un millón de euros de los 50 que la propia administración gobernada por el PSOE-A le dio a sus empresas.

El ex pez gordo de la Junta montó un entramado empresarial al salir del ejecutivo para dar cursos de formación subvencionados con dinero público que están siendo investigados por posible fraude.

Entre muchas otras ayudas presuntamente ilegales, el gobierno del PSOE-A le dio a su militante 996.840 euros para que construyera una nave industrial donde dar los cursos.

Ojeda se llevó en tan solo tres años, entre 2008 y 2011, un total de 50 millones de euros tal y como han descubierto los investigadores de la UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

Tras saltar el escándalo y descubrirse que la formación en Andalucía era cuando menos un caos y probablemente una fosa séptica multimillonaria donde se aprovecharon algunos listos, José Antonio Griñán y Susana Díaz decidieron paralizar los fondos para parados y trabajadores andaluces perdiendo éstos 800 millones de euros que nunca se van a recuperar.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo condena a Ojeda a devolver el dinero ya que en 22 ocasiones anteriores en demandas interpuestas por el ex consejero, este ha salido victorioso.

Resulta que Ojeda empezó a construir la nave antes incluso de que la Junta le diera el dinero, algo totalmente prohibido por la ley pero que el ejecutivo del PSOE-A parece no haber comprobado.

Este es el mismo motivo, como apunta El Mundo, por el que el TSJA ha condenado a la multinacional minera Matsa a devolver los 10,1 millones de euros que la Junta de Manuel Chaves dio a dicha empresa cuando su hija era directiva de la misma.

Ojeda aseveró ante el TS que la Junta de la organización PSOE-A sabía “en todo momento” que se estaban realizando trabajos “previos” antes de la construcción de la nave, lo que no impidió a la administración dirigida por sus antiguos compañeros para volver a darle una millonada.

El empresario alega según el Supremo que la “agrupación de fincas, obtención de licencias de obras, declaración de obra nueva y concesión de crédito fueron puras actividades preparatorias, destinadas a preparar la solicitud y contar con la solvencia suficiente para emprender la actividad y además fueron conocidas por la Administración" pero el Alto Tribunal sostiene justo lo contrario.

Mercedes Alaya, la magistrada que investigó el caso antes de ser repentinamente apartada de ellos, apuntó que Ojeda se llevó tamaña millonada de dinero público “gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía, en virtud de sus antiguos cargos y contactos”.

Ojeda está ganando casos a pesar de presunta irregularidades ya que la Junta debió pagarle las ayudas en plazo, una vez concedidas y justificadas, hayan sido estas otorgadas sin control alguno o no.

El caso del fraude masivo multimillonario de la formación ha sido dividido en piezas y archivado en gran parte por la juez sustituta de Alaya, María Núñez Bolaños.

A pesar de la cuantía defraudada y de que los andaluces perdieron 800 millones de euros por decisiones personales de José Antonio Griñán y Susana Díaz, gran parte de los medios de comunicación se han olvidado curiosamente del caso.

Susana Díaz permitió entre octubre de 2013 y febrero de 2014 que Ojeda estuviera en Fisevi, la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, para así poder jubilarse como funcionario. Con su paga pleitea ahora contra la Junta y costea su defensa penal.


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