Más de dos años lleva la investigación judicial sobre la presunta trama de UGT-A para desviar ayudas de la Junta de Andalucía bajo la dirección de Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla entre los años 2009 y 2013.

Cinco años lleva el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investigando y esperando más de tres años y medio una pericial que en Asturias, por un caso similar, la pericial se realizó tan solo en un año.

Según publica EL MUNDO, el funcionario de la Intervención de la Junta no ha terminado su trabajo por las trabas del gobierno de Susana Díaz a las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción.

En un documento presentado en septiembre denuncia que ha debido de compaginar “su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad”.

Además lo ha hecho solo, sin ayuda de otro “perito auditor” como pidió dándose la curiosa circunstancia de que tres expertos se han negado a auxiliarle.

El Gobierno de Susana Díaz tiene la curiosa capacidad, que podría ser tildada de inconstitucional, de elegir ‘a dedo’ los peritos que ayudan a los juzgados, y por tanto aportan pruebas, incluso si se está investigando al PSOE-A en alguna causa desde que aprobó un decreto el pasado 16 de enero.

En la trama investigada hay 19 imputados, entre los que están Pastrana y Fernández Sevilla, los dos ex secretarios generales de UGT-A.

La pericial realizada por el momento solo analiza 11 de los 32 expedientes de ayudas bajo sospecha en los que se cifra 5,3 millones de euros presuntamente desviados.

Para colmo, el Gobierno de Susana Díaz, hoy en funciones, inició un procedimiento de reintegro que podría no recuperar nunca los 15,3 millones presuntamente defraudados a los andaluces en vez de iniciar una “revisión de oficio” que sí permitiría recuperarlos sin ninguna duda según informa EL MUNDO.


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