Redacción - 5 de marzo de 2019
Los anteriores gestores de UGT-A presentaron una “ingente cantidad de facturación y documentación fraudulenta y falsa” según la Fiscalía Anticorrupción para “justificar” las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía.
En un documento de fecha 14 de enero al que ha accedido EL MUNDO, el Ministerio Público detalla en la causa sobre la presunta red urdida por la dirección del sindicato para desviar subvenciones públicas mediante una “facturación fraudulenta y falsa” de UGT-A.
Algunas de las irregularidades son: Comilonas en la caseta del sindicato en la Feria de Abril, 700 maletines hechos en Asia que regalaron a los asistentes al congreso regional y que cargaron a la administración andaluza, presuntos alquileres ficticios para justificar ayudas de cursos de formación o el ‘bote’ que pagaban sus proveedores de confianza para las facturas pactadas que estaban infladas.
La investigación judicial lleva más de dos años parada esperando que un perito establezca la cantidad malversada entre los años 2009 y 2013, cuando mandaban en el sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ambos imputados.
Fiscalía no entiende por qué tarda tanto el perito aunque reconoce “la escasez de medios” que tiene el funcionario nombrado por la Junta.
Según informa el diario, durante el gobierno de Susana Díaz hubo muchas trabas para que la peritación se realizara. El funcionario denunció que no pudo tener “dedicación exclusiva” para realizar su peritaje ya que lo mantuvieron con “su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad”.
La Junta tampoco le puso ningún “perito auditor” para ayudarle como era necesario desde el principio ya que tres expertos se negaron a ayudarle.
Por ello Fiscalía Anticorrupción denuncia la “tardanza” en la realización del informe pericial, “necesario a todas luces”.
El 1 y 2 de abril, el juez ha citado como investigado a Juan Francisco Alcaide, director del IFES, Instituto de Formación y Estudios Sociales, donde se daban los cursos del sindicato y donde trabajó desde 2004 a 2012 el marido de Susana Díaz cargando su nómina de forma irregular a las ayudas dadas por la propia Junta como detalla EL MUNDO.
Junto a Alcaide hay 20 imputados más, entre ellos Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ex secretarios generales de UGT-A.
