Redacción - 18 de marzo de 2019
Menos de un año tardó la juez María Núñez Bolaños en relevar a los interventores del Estado que estaban analizando el presunto fraude multimillonario de la formación según lo había solicitado la magistrada Mercedes Alaya. Esta última denunció que había sido apartada de sus investigaciones mediante mentiras y por un pacto de silencio entre el PP y el PSOE: “El PSOE y el PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación”.
La nueva instructora decidió el trabajo a los interventores de la Junta que gobernaba el PSOE-A para que hicieran esos informes periciales sobre las millonarias ayudas dadas por la propia administración socialista a determinadas empresas.
Según detalla ABC, un informe pedido el 4 de julio de 2016 para analizar las cuentas en el extranjero de Ángel Ojeda, exconsejero andaluz, ha estado 32 meses sin que se sepa nada del mismo a pesar de ser urgente para que la investigación avance.
Treinta meses después, Núñez Bolaños, que fue recusada porque su cuñada trabajaba en la Agencia Idea controlando precisamente las transferencias investigadas por casos de corrupción, ha decidido meterle prisa al perito Pedro Antonio Zorrero, del departamento de control financiero de la Intervención General de la Junta.
En una providencia del pasado 11 de marzo le indica que lo que le pidió era urgente: “Visto el tiempo transcurrido, recuérdese el urgente cumplimiento del informe pericial encomendado el pasado 4 de julio de 2016”.
En este caso se investiga los 33,3 millones de euros que recibieron en subvenciones las empresas del exconsejero socialista de Hacienda para dar cursos de formación a los trabajadores que habían quedado en el paro tras el cierre de la factoría de la multinacional Delphi en Puerto Real, Cádiz.
Ojeda creó un “holding” en 1996 con 60 centros con aulas homologadas y sucursales repartidas por el extranjero en Reino Unido, Brasil, Polonia o Chile. Hace más de dos años y medio la juez pidió dicho informe para averiguar datos de los movimientos de capitales de las empresas del exconsejero socialista.
Ojeda está siendo investigado por falsedad documental y fraude de subvenciones sin que todavía se haya podido avanzar, 32 meses después, en la investigación en lo referente al vital informe urgente del perito.
