Durante el ‘III Encuentro Andaluz por la República’ del pasado 16 de marzo celebrado en Sevilla, organizaciones y personas republicanas acordaron “ "continuar con las movilizaciones en exigencia de la salida de los restos del genocida Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla".

Según publica ‘eldiario.es’, van a interponer “una demanda judicial por vía contencioso-administrativa" contra la Junta de Andalucía "por su reiterado incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".

La exhumación del general golpista que llamó a cometer atrocidades a través de la radio, sigue en el templo por la inacción, según denuncian estas organizaciones, de la expresidenta Susana Díaz y su gobierno.

Tras las elecciones del 2 de diciembre en las que la organización PSOE-A ha perdido el poder en la Junta, las organizaciones republicanas han decidido emprender la vía judicial anunciada en julio de 2018 que no llegó a presentarse por la tramitación de la documentación y por la interrupción que supuso la convocatoria electoral y la llegada de la derecha al gobierno de la Junta.

Mientras Pedro Sánchez anunciaba la exhumación de Franco, la Junta sin embargo decía que iba a desarrollar la ley andaluza y que iba a crear un comité de expertos que decidiría sobre los restos del genocida de la basílica. El comité se constituyó finalmente a mediados de octubre y, paralelamente, la administración andaluza no ha respondido en este tiempo al requerimiento enviado por la coordinadora de organizaciones republicanas.

En un principio, la querella iba a ir contra Susana Díaz, por no hacer cumplir la ley andaluza. Ahora, tras haber perdido el poder en San Telmo, la demanda judicial irá contra el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos.
Los populares además acaban de admitir por primera vez que van a derogar la Ley andaluza de Memoria como le reclaman sus socios de investidura de VOX y que la van a sustituir por una Ley de Concordia.
Ayer jueves, en el Parlamento andaluz, todos los grupos han aislado a la formación de extrema derecha y han garantizado el desarrollo de la Ley de Memoria mientras siga en vigor.

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