Desde que la juez María Núñez Bolaños está instruyendo la causa de los ERE ha tenido numerosos encontronazos jurídicos con la Fiscalía Anticorrupción por sus autos de archivo que son respondidos con recursos por parte de los fiscales.

La sustituta de Merecedes Alaya, que fue apartada de los fraudes multimillonarios de los ERE y la formación mediante engaños por un presunto pacto de silencio entre Susana Díaz y Mariano Rajoy según ella misma denunció, está alarmando al Ministerio Público ante la posibilidad de que prescriban los delitos por su manera de instruir la macrocausa.

Anticorrupción le ha instado en varias ocasiones que reabra las piezas de esta macrocausa, concrete los delitos e identifique los investigados para “evitar mayores demoras de las que ya se han producido en relación a estas ayudas” según informa ABC.

La propia Audiencia ha obligado a la juez a abrir diligencias en pieza separada sobre las ayudas de los ERE a Pacsa Sanders para que cite a declarar a los imputados para que se interrumpan los plazos de prescripción, que estaría en 10 o 15 dependiendo de los delitos y la cuantía.

Según detalla el diario, la Fiscalía cree que en vez de imprimir velocidad a la investigación se está yendo en dirección contraria.

La juez, cuya cuñada trabaja precisamente en la Agencia IDEA en el departamento que controlaba dichas transferencias irregulares de los ERE, ha ido excluyendo a distintos peces gordos de las piezas separadas de la causa matriz, entre ellos el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta. ABC destapó además que el marido de la juez, Julio Guija, es amigo íntimo del ex consejero de Justicia de la Junta Emilio de Llera y que tuvo un «meteórico ascenso» al ser elegido «a dedo» como director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla de la Junta.

Por otra parte, diversas diligencias y citaciones solicitadas por Fiscalía así como las acusaciones de la Junta y del PP han sido ignoradas por la juez sin contestarlas ni motivarlas.

La juez ha sobreseído provisionalmente una investigación por los 30 millones de euros que recibió Altadis por la prejubilación de 174 empleados de su fábrica de tabaco de Sevilla. A su vez ha archivado temporalmente las causas contra el grupo mediático Grupo Joly, Industria Naval de Cádiz, Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit y Papacor.

Como publica el diario, la sala que está resolviendo los recursos de los ERE afirma que «tiene toda la razón la Fiscalía cuando considera que existiendo indicios racionales de criminal en relación con esos hechos concretos debieron incoarse diligencias previas», para que no se produzca la prescripción de los delitos.

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