Redacción - 16 de mayo de 2019
Rosa María García Jover, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha dictado un auto ordenando el archivo de la denuncia en la que los concejales de Ciudadanos en Cádiz acusaban a José María González (Kichi), alcalde de Cádiz de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
María Fernández-Trujillo y Juan Manuel Pérez Dora afirmaban que se habían cometido estos delitos en el proceso para la transmisión de las licencias de ocupación a los chiringuitos de playa de la ciudad.
La magistrada decretó el pasado 8 de mayo, según ha detallado Radio Cádiz, el sobreseimiento provisional de las actuaciones como había pedido la Fiscalía.
En su auto establece que “no hay prueba suficiente de la realidad del delito” de prevaricación y que el decreto municipal que iniciaba la transmisión de la concesión para poder ocupar 1.500 metros cuadrados de dominio público terrestre para que se montaran 10 chiringuitos no era una decisión arbitraria del alcalde.
La juez, sobre el delito de malversación, explica que “no se ha producido gestión desleal al no haberse renunciado ni a la concesión ni al pago del canon de explotación”.
“El canon se sigue pagando y en ningún momento se planteó no hacerlo”, remarca y subraya que el regidor no se ha apoderado de ninguna cantidad de dinero público en su favor o en la de un tercero tal y como insinuaban los concejales de Ciudadanos en su denuncia.
Estos concejales ya no son de Ciudadanos pero cuando presentaron la denuncia sí lo eran. La decisión judicial tira por tierra su teoría e incluso refuerza la posición de José María González a pocos días de las elecciones municipales.
