La Junta de Andalucía podría estar siguiendo la táctica de atacar judicialmente a aquellos que ayudaron a esclarecer la corrupción en la administración.

La acusación particular en el fraude multimillonario del caso ERE ejercida por la propia Junta, exculpó curiosamente a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Esta postura sin embargo ha cambiado radicalmente al “perseguir” jurídicamente a la persona que, como testigo en la instrucción del caso, ayudó a los investigadores en sus más de 40 declaraciones a investigar el fraude masivo.

Según detalla ABC, los mismos letrados de la Junta han demandado a María José Rofa, exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta, sin que esté investigada por ninguna causa penal por unas ayudas irregulares otorgadas a las empresas Saldauto y Calderinox.

Ella rebatió la supuesta ignorancia argumentada por Chaves y Griñán afirmando que recibían "información puntual” de lo que se hacía en el departamento que repartía los fondos de la Consejería de Empleo. Rofa aseveró que había “un flujo de información continua” y que las órdenes venían “de arriba a abajo” descendiendo desde el Palacio de San Telmo hasta el director general.

Hoy ambos están sentados en el banquillo junto a otros 19 peces gordos de sus ejecutivos y están pendientes de sentencia en dicho caso ERE.

Quince días después de la llegada a la presidencia de Juanma Moreno de la Junta, los letrados de la administración demandaron a la testigo a pesar de haber sido exonerada de varias piezas de los ERE en la instrucción penal.

El Gabinete Jurídico pidió que se archivara la pieza de los ERE que involucraba a Chaves y Griñán por crear o mantener durante la década 2001 -2010 un sistema “totalmente opaco” de reparto de 741 millones de ayudas públicas para empresas supuestamente en crisis.

Esos mismos letrados dijeron que no había ninguna “trama criminal” ni que existiera “prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones”.

Lo paradójico es que no señalaron como responsable directo a Ramón Díaz Alcaraz, ex diputado de la organización PSOE-A, a pesar de que la Audiencia de Sevilla confirmó su imputación al responsabilizarlo de negociar expedientes de subvenciones “plagadas de irregularidades” y de tener una “posible activa intervención en la inclusión de intrusos» en su tramitación.

La defensa de la exasesora ha reprochado a la Juta la “ingente cantidad de recursos económicos utilizados para hacer la vida imposible” a su cliente, la única trabajadora de la Consejería de Empleo a la que la Junta culpa del daño a las arcas públicas de los ERE.


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