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El Gobierno reconoce que no expedientó a Iberdrola por los drásticos desembalses del verano

El Gobierno reconoce que no expedientó a Iberdrola por los drásticos desembalses del verano

Publicado: 20 de diciembre de 2021 20:21 (GTM+2)

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mintió el pasado 19 de agosto al afirmar que lo harían

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha admitido ahora que ni la Confederación Hidrográfica del Duero ni la del Tajo abrieron expedientes por los drásticos desembalses del pasado verano en pantanos como los de Ricobayo y Valdecañas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el pasado 19 de agosto, en plena polémica por los desembalses, la apertura de «expedientes informativos» por supuesta «mala praxis» en la gestión de embalses a la eléctrica Iberdrola pero el propio Ministerio ha reconocido cuatro meses después que no llegó a abrir ningún procedimiento administrativo de ese tipo.

Así se refleja en la respuesta ofrecida por la Dirección General del Agua, dependiente de la secretaría de Estado de Medio Ambiente del Miteco, a una pregunta formulada a través del Portal de Transparencia del Gobierno sobre el resultado de esos expedientes informativos.

El director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, también ha argumentado en su contestación que no ha abierto expedientes informativos como tales porque se trata de un procedimiento que no existe en el marco regulador actual sobre dominio público hidráulico.

Ese tipo de expedientes no se contempla en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se desarrolló la Ley de Aguas de 1985 en lo referente a los procedimientos que afectan al dominio público hidráulico.

También aseguró entonces que en los desembalses del pasado verano se había «superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua».

En ese documento se regulan diferentes aspectos de cara a conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y lograr, entre otros objetivos, proteger la calidad del agua, economizar su empleo y racionalizar sus usos «en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales».