Digital Sevilla
8 de julio de 2024
Aprobada por el Congreso el 30 de mayo pasado con 177 votos a favor y 172 en contra, en España entró en vigor la polémica ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán (procés).
Corresponde ahora a los jueces estudiar los casos de los potenciales beneficiarios y tendrán dos meses para aplicar la norma, vista con recelo por la práctica totalidad de la judicatura y empresariado, como se dejó ver el pasado 17 de junio en Carmona (Sevilla) en los cursos de verano organizados por la Universidad Pablo Olavide.
CURSO DE VERANO DEL PARTIDO POPULAR DE SEVILLA
El Partido Popular de Sevilla celebraba “Los retos de la sociedad española ante los desafíos de la agenda social y económica”, que ha tenido lugar dentro de los Cursos de Verano de la UPO durante dos jornadas dirigidas por el vicesecretario del PP en Sevilla, Iván Pestaña Ruiz en colaboración con el profesor de la UPO, Curro Pérez Guerrero, abordándose abordado los eventos y desafíos políticos, sociales y económicos más relevantes que han impactado al país en los últimos años, como la creación de empleo, la sequía que sufre España o la formación dual, además de otros aspectos cruciales que definen el panorama político actual en España.
El secretario general del PP de Sevilla, José Ricardo García, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y el senador y alcalde de Carmona, Juan Ávila, inauguraron el debate “desde el prisma de la diversidad de opiniones y la tolerancia teniendo como base y piedra angular la Constitución, la democracia y la libertad”, en un evento que contó con la diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
Álvarez de Toledo ha afirmado que “estamos en un proceso de democracia plena a democracia fallida. Con tal de seguir en el poder -en referencia a Pedro Sánchez- está dispuesto a todo, a liquidar la nación constitucional y a arramblar con los contrapoderes del Estado”.
LA ESPAÑA DE LA AMNISTÍA
La diputada, participó en la mesa de debate “la España de la Amnistía” junto con el presidente de Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades García; el director de Ospina Abogados, Juan Gonzalo Ospina; y moderada por el director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes.
Álvarez de Toledo y Juan Gonzalo Ospina
"En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino", publicó el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez en X (antiguo Twitter), poco después de la votación, palabras cuestionadas por Ospina quien recuerda que “con la ley de amnistía se vulneran derechos fundamentales y entra en contradicción con la propia Constitución de 1978. El artículo 9.3 que ahonda en el principio de seguridad jurídica y legalidad se ve dañado, ya que con la ley aplicada se han alterado las normas de juego, se han movido los parámetros para beneficiar de forma caprichosa a unos pocos sobre el interés de la colectividad”, afirmaba Ospina ante algunos de los más conocidos líderes del Partido Popular nacional y regional desplazados hasta la conferencia.Juango, como se le conoce en la profesión, también ponderó el derecho a la igualdad. Para el abogado penalista, esta ley hace que unos ciudadanos estén por encima de otros, permitiéndoles salir indemnes de cometer actos ilegales e impidiendo la tutela judicial efectiva “tan necesaria en tiempos donde desde el propio Gobierno se ataca constantemente la independencia judicial en nuestro país. Nuestra judicatura no es perfecta, pero no es en absoluto corrupta a los poderes políticos”, sentenció el ponente.
Su discurso dejó un recado a quienes sacan pecho de aprobar la ley por mayoría simple, “tenemos que hacer autocrítica de como un país democrático permite que salgan adelante leyes orgánicas con la mitad más uno de los votos”, apostando Ospina por “caminar hacia pactos amplios con mayorías cualificadas de tres quintos como sucede por ejemplo para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”, para lo que desgranó una batería de medidas para no caer en “rodillos legislativos” como el actual.
