La Intervención municipal ha presentado el informe anual de control del ejercicio 2025, que ofrece una radiografía crítica del funcionamiento interno del Ayuntamiento de Sevilla. El documento reconoce la solvencia económica de la administración local –estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y periodo medio de pago dentro de los límites–, pero denuncia importantes deficiencias en la gestión de los recursos públicos.
Contratación sin control
Uno de los datos más llamativos es la contratación pública. Durante 2025 se tramitaron 169 expedientes con omisión de la función interventora, por un importe superior a 9,25 millones de euros. El 92% corresponde a contratación administrativa. La mayoría de estas incidencias derivan de contratos prorrogados de hecho o de prestaciones que continuaron realizándose sin cobertura contractual suficiente. La Intervención atribuye el origen a la falta de planificación del ciclo de vida de los contratos.
Reconocimiento extrajudicial de crédito, casi la norma
El informe también alerta del uso casi sistemático del reconocimiento extrajudicial de crédito, empleado en el 93,5% de los expedientes con omisión de fiscalización. Este mecanismo, previsto para situaciones excepcionales, se ha convertido en una práctica habitual que desplaza el control preventivo hacia una mera regularización posterior de gastos ya realizados.
Problemas de personal y subvenciones
Durante el ejercicio se formularon 31 reparos suspensivos, con un impacto económico superior a 5,3 millones de euros, concentrados en Recursos Humanos. Las incidencias afectan a gratificaciones, productividades y servicios extraordinarios de Policía Local y Bomberos ejecutados sin autorización previa o sin crédito suficiente. En materia de subvenciones, el informe denuncia retrasos generalizados en la justificación de ayudas y modificaciones continuas del Plan Estratégico de Subvenciones.
La Intervención también pide más medios
El propio órgano fiscalizador reclama más medios personales, técnicos y tecnológicos para desarrollar su labor. Señala que la insuficiencia estructural impide desplegar plenamente el modelo de control previsto por la normativa. Además, el informe recoge que el coste para renovar los vehículos del alcalde y los ediles supera los 650.000 euros, un dato que ilustra la falta de planificación.
La Intervención concluye que muchas de las incidencias no son errores aislados, sino debilidades estructurales, y propone un plan de acción que incluya un sistema corporativo de planificación contractual, alertas tempranas sobre vencimientos y una reorganización de la actividad subvencional.
