El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha impuesto una pena de nueve meses de cárcel a una mujer que agredió al director de un centro de salud de Sevilla Este cuando este trataba de impedirle el acceso a una zona restringida de las instalaciones. La sentencia, alcanzada por conformidad entre las partes, considera los hechos constitutivos de un delito de atentado contra funcionario sanitario.
Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2021 en un centro de atención primaria del distrito Sevilla Este. La condenada, que acompañaba a una menor de edad, intentó acceder a una zona de uso restringido tras una controversia relacionada con la atención médica recibida. El director del centro intervino para impedir el paso en cumplimiento de sus funciones, momento en que la usuaria le propinó "fuertes empujones" con la intención de superar la barrera.
Pese a que la agresión no provocó lesiones físicas, la resolución judicial acredita una actuación violenta contra un empleado público sanitario en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que configura el delito de atentado. La sentencia impone la pena de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, pago de costas procesales y una indemnización por responsabilidad civil al facultativo agredido.
El juzgado ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión durante dos años, condicionado a que la condenada no cometa nuevos delitos y cumpla las obligaciones económicas impuestas. Al haberse dictado de conformidad, la sentencia es firme y no cabe recurso.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha mostrado su satisfacción por la resolución y ha reiterado su "política de tolerancia cero" frente a las agresiones a profesionales sanitarios. El SAS recuerda que los trabajadores disponen de asistencia jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento institucional a través del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones.
Organizaciones médicas y administraciones públicas vienen reclamando una respuesta contundente ante las agresiones a sanitarios, que afectan tanto a la seguridad de los trabajadores como a la calidad asistencial.
