El Gobierno ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros la jubilación parcial para los empleados públicos del régimen laboral, tal y como adelantó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. La iniciativa cumple, con más de un año de retraso, el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para recuperar esta modalidad de retiro anticipado, que estaba bloqueada para el sector público desde la reforma de 2024.
Según detalló el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el personal laboral (estatal, autonómico o municipal) podrá reducir su jornada entre un 25% y un 75% hasta tres años antes de la edad legal de jubilación, siempre que la administración contrate a un relevista. Para acceder, el empleado debe acreditar al menos 33 años de cotización y una antigüedad de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial.
Si la anticipación supera los dos años, el primer año la reducción de jornada se limita al rango del 20% al 33%. La Seguridad Social complementará la pensión por la parte no trabajada. El real decreto ley se publicará previsiblemente este martes en el BOE y deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días.
Una de las novedades es la figura del 'relevista interino': si no se puede formalizar un contrato fijo de relevo de inmediato, se permitirá una contratación temporal a tiempo completo que finalice cuando se firme el contrato fijo o al término del segundo año posterior a la jubilación parcial. La administración deberá convocar esa plaza en la primera oferta de empleo público que apruebe, con el objetivo de reducir la temporalidad.
Los sindicatos han aplaudido la medida, aunque reclaman extenderla al personal funcionario. UGT Servicios Públicos confía en que el Parlamento la convalide, mientras que Csif ha reiterado su petición para que también se aplique a funcionarios y personal sanitario, cuyo acceso está bloqueado desde 2012.
