Redacción - 20 de septiembre de 2018
El ‘fondo de reptiles’ que creó el Gobierno de Chaves, la partida 31L, para dar las ayudas no aportó más agilidad al proceso ni sirvió para ayudar a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE).
La Intervención General del Estado ha tirado por tierra los argumentos de defensa de gran parte de los 22 peces gordos de los Gobiernos de la organización PSOE-A imputados por el supuesto fraude multimillonario y masivo de los ERE.
El 70% de las ayudas tuvieron fines “pintorescos” que no se correspondían para lo que supuestamente fueron creada según los interventores que acusaron a la Junta de engañar al Parlamento andaluz.
Según apunta El Mundo, el testimonio de los interventores del Estado ha sido contundente afirmando además que no sirvió para agilizar nada. Lo que sí hacían era impedir la fiscalización previa de la Intervención de la Junta afirman los representantes de la Intervención General del Estado. Se usó la administración paralela, donde no trabajan funcionarios y la oposición afirma que hay miles de enchufados, para realizar estos pagos.
Los interventores aseveran que hubiera sido más lógico usar la propia Consejería de Trabajo para dar estas ayudas y no la Agencias IFA/IDEA, zona cero de la corrupción.
Según Gaspar Zarrías había que pagar pronto a determinadas empresas porque “Las crisis surgen cuando surgen” y por ello no se hacía ninguna convocatoria pública, lo cual es supuestamente ilegal.
Pero muchas de esas ayudas no fueron dadas con el fin de ayudar a los trabajadores. Así lo afirman los interventores, las subvenciones millonarias se dieron presuntamente a ciertas empresas, y no a otras, saltándose toda publicidad y control.
