El debate de los medios de comunicación, su control, financiación con dinero público de los gobiernos, licencias y manipulación vuelve a las portadas, sobre todo en época electoral, cuando se riega con un auténtico tsunami multimillonario de anuncios a determinada prensa.

Los medios de comunicación en Andalucía y en el resto de España han recibido mucho dinero de la Junta de la señora Díaz. Además del gasto multimillonario en la RTVA, que lleva sin renovarse 5 años donde se podrían lanzar los mensajes institucionales de forma gratuita, la Junta ha dado hasta 600 millones de euros a una armada mediática como denunció Teresa Rodríguez en el Parlamento.

Hoy es noticia quién decide la Junta que tiene un negocio de TV local en Andalucía y quién no, ya que se ha producido un nuevo revés judicial al Gobierno de Susana Díaz en su control y estrategia de elegir qué medios consiguen licencias de Televisión Digital Terrestre por muchos años.

En junio, la Junta dio 98 concesiones privadas de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local y gestión comercial, por un plazo de quince años. La mayoría fueron dadas de forma ilegal, vulnerando los principios de no discriminación y de libre concurrencia.

Así lo ha establecido el TSJA que ha detectado como el ejecutivo de la señora Díaz daba más puntos a licitadoras que tenían experiencia o platós en Andalucía, usando criterios ilegales.

Ya había recibido otro varapalo por el Tribunal Supremo al anularle las 79 licencias que dio en 2008 la Junta controlada por la organización PSOE-A.

El TSJA entiende que «tanto la valoración de la experiencia como el otorgamiento de una ventaja en atención a la vinculación local o territorial» de los licitadores «suponen una manifiesta contravención de los principios de libre concurrencia y no discriminación».

El sistema, que podría esconder un nuevo tipo de ‘enchufismo’ mediático, “posibilitaría la perpetuación de las licenciatarias anteriores mediante el otorgamiento de una notable ventaja en la puntuación, incluso bajo un título anulado por sentencia, en evidente detrimento de los intereses de otros potenciales licitadores”.
El TSJA recuerda que las Directivas europeas prohíben cualquier tipo de restricción a la libertad de establecimiento, ya que exigen en el mercado europeo de servicios de comunicación audiovisual libre competencia e igualdad de trato y el derecho fundamental a la libertad de establecimiento.

Las empresas que según ABC están afectadas son:

Fundación Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club,Productora de TV Almería, Productora Proser de RTV, Radio TV Indalo, Asociación Cultural Radio Adventista de España, Publicaciones del Sur, Huércal-Overa TV, Canal 47, UTE TDT Algeciras, Isleña de Medios Audiovisuales, UTE TDT Cádiz, Comunicaciones Canal 19, Guillermo Ortiz Chaves, UTE TDT Chiclana, Alceste, Antonio Ruiz-Berdejo Riba, Comunicaciones y Eventos Sierra de Cádiz, Cancionero, Procono, Mezquita Comunicación Group, La Información de los Pedroches, Pedro Pérez Núñez, Kiss TV Andalucía, Radio Granada, Lepevisión, Antena Huelva, Prensa Comunicación Huelva, Televisiones Digitales de Andalucía, Lepevisión, Precisa Comunicación Huelva, UTE Campiña Digital-Multimedia Jiennense, Canal Baeza y La Loma, Grupo Audiovisual Andaluz, Multimedia Jiennense, Modula Eventos, Mundo Managet, Atatón Producciones, M95 Televisión, UTE Agrupación Radiofónica-Ezequiel Montes, Técnicas Audiovisuales de Carmona, G&M Difusión, Opción Radio, Digital Garaje, Opción Radio, Carlos Guisado Belloso.

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