Redacción - 24 de noviembre de 2018
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández García, no va a ser investigado por la juez María Núñez Bolaños a pesar de que recibió una ayuda de 386.000 euros en abril de 2008 por un subordinado suyo, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo.
La juez sustituyó a Mercedes Alaya cuando fue apartada repentinamente y con engaños, según ella asegura, de los multimillonarios fraudes de los ERE y los cursos de formación y ascendida a un cargo que fue nunca había existido anteriormente.
Núñez Bolaños, ha decidido excluir al ex consejero imputado de la pieza que investiga por la ayuda de 17,45 millones de euros que se concedió bajo su mandato a la bodega jerezana González Byass de la que era precisamente un empleado en excedencia desde 1983 cuando prefirió vivir de la política.
El ex consejero estaba en una lista de 94 trabajadores que obtuvieron una póliza de prejubilación colectiva.
“Tiempo después de que se hiciese público y notorio casos como el ERE de Mercasevilla” asegura la Guardia Civil, el ex pez gordo renunció al cobro.
La juez ya lo excluyó el pasado 30 de abril en un auto. El pasado 13 de noviembre rechazó el recurso interpuesto alegando que no puede ser juzgado por el mismo delito que en el juicio de los 22 peces gordos de los gobiernos de la organización PSOE-A de la Junta.
Este criterio es totalmente contrario al que defiende la sección primera, la que juzga a Fernández y otros 21 peces gordos de la Junta, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán.
