Política

C's elige a la abogada cuyo 'error' costó a los andaluces 168 millones en favor del 14º más rico de España

Daniel Bellaco - 13 de febrero de 2019

Juan Marín y Albert Rivera. Fuente: Youtube.

Ciudadanos está eligiendo algunos altos cargos polémicos después de entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía. Tras elegir como nuevo pez gordo de su gobierno al abogado de narcotraficantes, de ‘El Cuco’ (encubridor de la muerte de Marta del Castillo) y del principal acusado del fraude multimillonario de los ERE, parece haberse lucido con otro nombramiento más.

Juan Marín ha elegido para ostentar la delegación en Granada de la macroconsejería, que dirige él mismo, a Elisa Isabel Fernández-Vivancos, jefa del gabinete jurídico de la Junta. Esta abogada fue apartada del cargo tras cometer su departamento un error que costó a los andaluces 168 millones de euros incluyendo intereses.

Como detalla el digital ‘elplural.com’, el promotor inmobiliario Tomás Olivo, según la lista Forbes el 14º más rico de España, salió beneficiado de esta presunta negligencia ya que la representación jurídica de la Junta no se personó en la vista para ratificar el informe pericial que justificaba la paralización y posterior demolición del centro comercial Nevada.

Al no ir curiosamente nadie, los andaluces tenemos que pagar a la empresa del señor Olivo, que amasa una fortuna 1.800 millones de euros. Este promotor fue condenado en 2011 a 15 meses de cárcel por delito urbanístico al construir sobre zonas verdes.

Junto al magnate fueron condenados a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación los entonces miembros de la organización PSOE-A, José Antonio Morales, exalcalde de Armilla y Gabriel Cañavete, ex edil de Urbanismo.

Precisamente fueron sentenciados por prevaricación urbanística en la tramitación de la obra del multimillonario señor Olivo.

Según detalla el diario, fuentes que conocen la carrera profesional de la abogada elegida por Ciudadanos, ha incumplido la Ley 53/84 de Incompatibilidad de las personas al servicio de las Administraciones Públicas al entrar en el bufete Ramón y Cajal Abogados sin que hubieran pasados los dos años exigidos en la norma.

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