Redacción - 6 de mayo de 2019
Varias investigaciones judiciales sobre supuestos fraudes multimillonarios en Andalucía se encuentran empantanadas desde que apartaron a Mercedes Alaya como el caso de las Transferencias de Financiación.
En mayo de 2016, el juez Álvaro Martín abrió diligencias previas para investigar si la Junta de la organización PSOE-A, había usado durante los años 2000 a 2011 el mismo sistema fraudulento usado en el caso de 741 millones presuntamente defraudados con los ERE.
A riesgo de quedar todo archivado por prescripción, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones desde que fue apartada Mercedes Alaya de las investigaciones por corrupción en Andalucía, las pesquisas han quedado ralentizadas bajo la instrucción de la polémica juez María Núñez, cuya cuñada trabajaba precisamente controlando las transferencias presuntamente irregulares en la Agencia IDEA.
Meredes Alaya denunció un pacto de silencio entre Rajoy y Susana Díaz así como que ella fue apartada de la investigación de los fraudes multimillonarios mediante engaños.
Según publica ABC, ante un posible intento de saltarse los controles de la Intervención General a la hora de pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros, la Junta usó presuntamente el mismo método que con los ERE en numerosas consejerías, en operaciones que alcanzan los 2.915 millones de euros.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular pidieron a Núñez Bolaños que reactivara el caso que estaba parado desde mayo de 2016. No hubo avances hasta que, dos años después, cuando fue apartada temporalmente al ser recusada, su sustituta, la juez Pilar Ordóñez, en pocos días reactivó la investigación.
El periódico detalla que Ordóñez pidió a la Consejería de Hacienda los documentos y al analizarlos finalmente pudo comprobar lo que sospechaba. Se había usado el mismo sistema que los ERE por un importe cuatro veces mayor, una auténtico escándalo multimillonario.
La magistrada puso a trabajar a la agencia IDEA al pedirle los expedientes de gastos y pagos tramitados, el organigrama del personal de su dirección de Finanzas y los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Sin embargo esta documentación, cuando ya había vuelto Núñez Bolaños, nunca llegó a los juzgados ya que dijeron en enero que no tenían “medios humanos y técnicos necesarios” para “la recopilación, la preparación y la comprobación de la documentación”. Se ve que es una labor de extrema dificultad a pesar de las centenares de personas que trabajan en la Agencia IDEA.
Ante la inactividad al respecto, ABC publicó el 22 de abril el parón de dicha investigación en cuanto llegó Núñez Bolaños que no había vuelto a reclamar dichos informes o no había mandado registrar la sede y requisarlos ella misma.
La Junta de Juanma Moreno y Juan Marín no explicó el porqué del retraso tampoco.
Tan solo cuatro días después del artículo de ABC, Núñez Bolaños pidió de nuevo a la agencia IDEA la documentación. La providencia era del 25 de febrero pero no la había firmado hasta dos meses después.
Por fin la juez reclama a la administración paralela de la Junta “un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias”, salvo los programas 22E y 31L que ya se investigan en el caso ERE.
