Redacción - 12 de junio de 2020
La juez Carmen Rodríguez-Medel, ha determinado el archivo provisional de la acusación de prevaricación contra José Manuel Franco Pardo, delegado del Gobierno en Madrid.
La magistrada investigaba si la autorización de la manifestación del 8-M realizada por el socialista José Manuel Franco, era constitutiva de delito. Este caso se ha visto envuelto en la polémica por el informe de la Guardia Civil que desencadenó el cese del coronel Pérez de los Cobos.
Según publica El Mundo, Rodríguez-Medel, en su auto de 51 páginas, estima que tras haber escuchado a los testigos, al propio Franco, y examinar la documentación aportada por diferentes organismo públicos hay que concluir que entre el 5 y el 14 de marzo el imputado “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” señalando que “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.
La juez insiste que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19” y todo ello a pesar de que “la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del Covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública”.
Aunque levanta la imputación contra el Delegado del Gobierno, su resolución señala que su actuación fue imprudente: “Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud), el delegado del Gobierno José Manuel Franco continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna. Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020”.
A su vez, Rodríguez-Medel deniega la petición de la Abogacía del Estado de que el sobreseimiento sea definitivo, y por tanto cierra la causa provisionalmente de forma que si se recibiera alguna información novedosa y relevante sobre los hechos la investigación podría reabrirse.
Esta decisión es recurrible ante la propia juez y ante la Audiencia Provincial por parte de las dos asociaciones personadas en el procedimiento, la Asociación de Consumidores y Usuarios Juan de Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que ejercen de acusación popular.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, también ha sido acusado de un posible delito de prevaricación por supuestamente tener datos que apuntaban a la gravedad del brote que ya se estaba extendiendo por nuestro país.
